El tributo no es nuevo y llevaba congelado desde 2014. En el Corredor, los más afectados son Alcalá y Torrejón, con 1,1 millones más.
La tasa de bomberos le cuesta a San Fernando 159.000 euros más al año: qué hay detrás de la denuncia municipal
San Fernando de Henares, 3 de septiembre de 2026
El Ayuntamiento denuncia la subida de la tasa de bomberos de la Comunidad. El tributo no es nuevo y llevaba congelado desde 2014. Para San Fernando la factura pasa de 1,21 a 1,37 millones. Y nada tiene que ver con los incendios de julio: se aprobó siete meses antes.
- La tasa la pagan todos los municipios madrileños de más de 20.000 habitantes que no tienen cuerpo de bomberos propio, es decir, todos menos la capital. No es una decisión dirigida a San Fernando.
- El cambio del tope de población que el Ayuntamiento cita en su denuncia no le afecta: solo se aplica a partir de 100.000 habitantes. San Fernando tiene 39.059.
- Donde sí duele es en las dos ciudades grandes del Corredor: Alcalá y Torrejón pasan de 3,09 a 4,20 millones, un 35,8 % más, y en 2028 llegarán a 5,25 y 5,02 millones.
- La subida no responde a los incendios de julio: se aprobó siete meses antes. La coincidencia temporal que sí existe es con una sentencia del TSJM de noviembre.
Qué es la tasa de bomberos
Se llama, técnicamente, tasa por la cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid, y está recogida en el artículo 220 del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002.
Su lógica es sencilla: la Ley de Bases de Régimen Local obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes a prestar el servicio de prevención y extinción de incendios. Los que no lo hacen —porque no tienen parque propio o han pedido dispensa— reciben la cobertura del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y pagan por ella una cuota anual calculada en función de su población. En la práctica, el único ayuntamiento madrileño con servicio propio es el de Madrid capital.
No es un tributo nuevo y San Fernando no se ha olvidado de él: es una partida recurrente de su presupuesto, como la de todos los ayuntamientos afectados de la región. Lo que ha cambiado en 2026 es el importe.
Qué dice exactamente el BOCM
La subida se aprobó en la disposición final segunda de la Ley 6/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 29 de diciembre de 2025. El texto modifica el apartado 1 del artículo 220 y queda así:
«La cuota será la resultante de multiplicar la cantidad de 35 euros por el número de habitantes del municipio, con un límite de: 120.000 habitantes para el año 2026, 130.000 habitantes para el año 2027 y 150.000 habitantes a partir del año 2028».
Antes, la tarifa era de 30,93 euros por habitante con un tope de 100.000. Son, por tanto, dos cambios simultáneos: sube el precio unitario un 13,2 % y sube el número máximo de habitantes que se factura. El primero afecta a todos; el segundo, solo a los municipios de más de 100.000 vecinos.
Cuánto paga San Fernando, con los números encima de la mesa
La nota municipal denuncia la subida pero no dice cuánto cuesta. Aplicando la tarifa al padrón del INE de 2025 —39.059 habitantes—, el cálculo es este:
| Tarifa | Cuota anual | |
|---|---|---|
| Hasta 2025 | 30,93 €/hab. | 1.208.095 € |
| Desde 2026 | 35 €/hab. | 1.367.065 € |
| Diferencia | +4,07 €/hab. | +158.970 € al año |
Son unos 159.000 euros anuales adicionales, equivalentes a 4,07 euros más por vecino y año. Es dinero real que sale del presupuesto municipal, pero conviene tener la escala: el presupuesto de San Fernando se mueve en el entorno de los 50 millones de euros, de modo que el incremento supone en torno a tres décimas de ese total.
Y un matiz importante: el Ayuntamiento menciona en su denuncia que la nueva regulación «modifica, también, el límite de población utilizado para calcular las cuotas». Es cierto que lo modifica, pero ese cambio no tiene ningún efecto sobre San Fernando, que está muy por debajo de los 100.000 habitantes. La factura de San Fernando sube exactamente lo que sube la tarifa: un 13,2 %, ni un euro más. En 2027 y 2028, cuando el tope siga escalando, San Fernando pagará lo mismo que en 2026 salvo variación del padrón.
A quién le duele de verdad: el Corredor, comparado
Ahí está el dato que la nota de San Fernando no ofrece y que explica el enfado de la Federación Madrileña de Municipios. Aplicando la fórmula legal al padrón de 2025:
| Municipio | Habitantes | Antes | 2026 | Variación | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 203.208 | 3,09 M€ | 4,20 M€ | +35,8 % | 5,25 M€ |
| Torrejón de Ardoz | 143.526 | 3,09 M€ | 4,20 M€ | +35,8 % | 5,02 M€ |
| Coslada | unos 92.000 | — | — | +13,2 % | sin cambio por tope |
| San Fernando de Henares | 39.059 | 1,21 M€ | 1,37 M€ | +13,2 % | sin cambio por tope |
Dicho de otro modo: la ciudad del Corredor más castigada por esta subida es Alcalá de Henares, gobernada por el PP, con 1,1 millones anuales más, seguida de Torrejón, también del PP, con la misma cifra. San Fernando aparece en el furgón de cola del impacto, con menos de una séptima parte de ese incremento.
En el conjunto de la región, los cálculos difundidos por el PSOE de Madrid sitúan a Móstoles, Getafe y Alcalá entre los más afectados, con cuotas que rondarán los 4,2 millones. La recaudación autonómica pasa de 63,8 millones a 76,3 en 2026 y 89,1 en 2027.
Lo que la denuncia acierta
El procedimiento es discutible y no lo dice solo San Fernando. La subida se coló en una disposición final de la ley de presupuestos, aprobada el 23 de diciembre y publicada el 29, cuando prácticamente todos los ayuntamientos madrileños tenían ya cerradas sus cuentas de 2026. Es decir: tuvieron que asumir en julio, con el primer recibo, un gasto que no estaba presupuestado.
Hay un recurso ya interpuesto. El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid presentó el 21 de agosto un recurso económico-administrativo ante la Junta Superior de Hacienda por considerar la subida «injusta, desproporcionada y no ajustada a la legalidad», alegando defectos en la tramitación. Está pendiente de resolución. Rivas es, además, la única ciudad madrileña de más de 100.000 habitantes sin parque de bomberos, y pagará 3,6 millones.
La petición de transparencia tiene fundamento. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la 617/2025, de 11 de noviembre, firme desde el 4 de junio de 2026 al no recurrirla la Comunidad, que obliga a destinar íntegramente a inversiones reales lo recaudado por la contribución especial de bomberos —un tributo distinto de esta tasa, que pagan las aseguradoras—. Varios ayuntamientos han señalado que los 37,8 millones extra que la nueva tasa recaudará en dos años coinciden casi exactamente con la cantidad que los bomberos calculan que quedó sin invertir. La coincidencia numérica no prueba causalidad, y así lo advierten los propios análisis jurídicos, pero explica por qué se pide explicaciones.
Lo que conviene matizar
No es una subida de impuestos encubierta al vecino de San Fernando. El vecino no recibe ningún recibo por esta tasa: la paga el Ayuntamiento con cargo a su presupuesto. Es cierto, como dice el alcalde Javier Corpa, que ese dinero es público y sale del bolsillo de todos, pero la afirmación de que «este dinero lo pagamos los sanfernandinos» describe un efecto indirecto, no un cobro directo.
Doce años sin actualizarse. La tarifa estaba fijada en 30,93 euros desde 2014. Una subida nominal del 13,2 % después de doce años congelada queda por debajo de la inflación acumulada en ese periodo, algo que la nota municipal no menciona. Otra cosa es el efecto combinado con el tope, que sí produce saltos del 35 % y más en las ciudades grandes.
La comparación con «la bajada de impuestos del PP» mezcla dos planos. Corpa acusa al grupo municipal del PP de mentir cuando habla de bajar impuestos, porque la Comunidad sube esta tasa. Son decisiones de administraciones distintas: los impuestos municipales los fija el Pleno de San Fernando; la tasa de bomberos, la Asamblea de Madrid. El argumento es políticamente legítimo, pero no acredita contradicción en el grupo municipal, que no vota los presupuestos autonómicos.
¿Tiene esto que ver con los incendios del verano?
Es la pregunta que circula estos días, y la respuesta corta es que no, al menos no como causa. Las fechas lo impiden.
La subida se aprobó el 23 de diciembre de 2025 y se publicó el 29. El incendio de la Sierra Oeste empezó el 24 de julio de 2026, siete meses después. Cuando la Asamblea de Madrid votó los 35 euros por habitante no había ni extinción ni reconstrucción que costear: nadie podía prever que arderían 26.860 hectáreas en 17 municipios ni que quedarían 154 viviendas dañadas, 76 de ellas con daños estructurales o en ruina. El primer recibo con la nueva tarifa se giró en julio, prácticamente a la vez que el fuego, pero por una decisión tomada en Navidad.
Conviene añadir que esta tasa no financia la reconstrucción. Sostiene al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad, que interviene en incendios forestales pero no es el único operativo: la campaña se articula a través del Plan INFOMA, con bomberos forestales, agentes forestales y medios estatales. La reparación de lo quemado va por otras vías —partidas de emergencia, ayudas directas y, en su caso, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia—.
La coincidencia temporal que sí existe es otra. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó su sentencia sobre la contribución especial de bomberos el 11 de noviembre de 2025. Seis semanas después, la Comunidad aprobó esta subida. Esa es la secuencia que denuncian Rivas y otros ayuntamientos: que se eleva un tributo justo después de que un fallo judicial obligue a destinar íntegramente a inversiones reales lo recaudado por otro. Insistimos en que la coincidencia no prueba causalidad y en que la cifra de los 37,8 millones no fue declarada probada por el tribunal.
Quién paga las imprudencias
La otra pregunta de fondo es si esta tasa hace que todos los madrileños carguen con los descuidos de unos pocos. Hay que separar dos planos.
Un servicio de bomberos es un seguro colectivo por diseño. Se sostiene entre todos con independencia de quién provoque cada siniestro, y esta tasa es per cápita y fija: no varía según cuántas intervenciones haya en cada municipio ni cuántas se deban a una negligencia. Funcionaba así antes de la subida y sigue funcionando igual.
Pero el causante responde por otra puerta. La legislación de montes obliga a quien provoca un incendio a reparar el daño e indemnizar, y el Código Penal castiga tanto el incendio intencionado como el imprudente. La Administración puede reclamar al responsable los costes de extinción. Que se reclame poco, tarde o con escaso éxito es una crítica legítima; que no exista el mecanismo, no lo es. En el incendio de Burgohondo, en Ávila, la investigación apunta a una excavadora con martillo hidráulico trabajando pese a la prohibición por riesgo extremo. En el de la Sierra Oeste, la causa seguía en investigación en la última información disponible.
Lo que los incendios sí cambian es el argumento, no la causa. Después de un verano con 27.000 hectáreas quemadas en la región, la tesis de la Comunidad —que el servicio necesita más medios y que la aportación municipal cubre solo un tercio del coste— se sostiene mejor que en diciembre. Y a la vez hace más urgente la pregunta que sigue sin respuesta: cuánto de la recaudación adicional se convierte en efectivos, vehículos y prevención.
Qué responde la Comunidad de Madrid
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, dirigida por Carlos Novillo, sostiene que la actualización busca una tasa «más ajustada, proporcionada y progresiva a la realidad» y niega ánimo recaudatorio. Sus argumentos:
- El presupuesto del servicio ha pasado de 116 millones en 2016 a 230 millones en 2026.
- La aportación de los ayuntamientos cubre, según sus cálculos, el 33,7 % del coste real.
- Asumir el servicio directamente les costaría «mucho más» a los municipios que pagar la tasa.
La respuesta oficial no entra en dos de las cuestiones que plantean los ayuntamientos: los defectos de tramitación denunciados por Rivas y el destino concreto de la recaudación adicional.
Qué falta por saber
No hemos encontrado publicada la cuota exacta que ha girado la Comunidad a San Fernando de Henares este ejercicio; las cifras de este análisis son un cálculo propio a partir de la fórmula legal y del padrón. Tampoco consta que San Fernando haya presentado recurso, como sí ha hecho Rivas, ni que el Ayuntamiento haya cifrado públicamente el impacto. Son dos preguntas razonables para el Consistorio.
El primer hito es la resolución del recurso de Rivas ante la Junta Superior de Hacienda, que marcará el camino a los demás ayuntamientos. El segundo, el presupuesto municipal de 2027: ahí se verá si San Fernando consigna la nueva cuota y cómo la encaja. Y el tercero, el 1 de enero de 2028, cuando el tope suba a 150.000 habitantes y la factura de Alcalá y Torrejón se dispare de nuevo, hasta rozar los 5,3 y los 5 millones respectivamente.
Queda una cuarta pieza, al margen de la tasa: el resultado de la investigación sobre el origen del incendio de la Sierra Oeste. Si se acredita una causa humana y un responsable, la reclamación de los costes de extinción es un procedimiento distinto y con destinatario propio.
Fuentes consultadas
- Ayuntamiento de San Fernando de Henares: nota de prensa «El Ayuntamiento denuncia que la subida de la tasa de bomberos de la Comunidad repercute directamente sobre las arcas municipales», 3 de septiembre de 2026, con declaraciones del alcalde Javier Corpa.
- Ley 6/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026, disposición final segunda, que modifica el artículo 220 del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos (Decreto Legislativo 1/2002). Publicada en el BOCM el 29 de diciembre de 2025.
- Instituto Nacional de Estadística: cifras oficiales de población a 1 de enero de 2025 (Real Decreto 1117/2025) para San Fernando de Henares, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
- Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid: respuestas facilitadas a medios sobre la actualización de la tasa (agosto de 2026).
- Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid: nota sobre el recurso económico-administrativo interpuesto el 21 de agosto de 2026.
- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 617/2025, de 11 de noviembre, sobre la contribución especial de bomberos, y análisis jurídico posterior sobre su alcance.
- Cobertura de eldiario.es (Somos Madrid), El Diario de Madrid, Diario de Rivas y Rivas Actual sobre la subida y las reacciones municipales.
- Comunidad de Madrid, Agencia de Seguridad y Emergencias 112: información oficial sobre el Incendio Forestal Sierra Oeste (#IFSierraOeste) de julio de 2026 e informe preliminar de daños.
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: balance provisional de la campaña de incendios de 2026. Cobertura de eldiario.es sobre la investigación del incendio de Burgohondo (Ávila).
Nota metodológica: las cuotas municipales que aparecen en este análisis son un cálculo propio, resultado de aplicar la tarifa legal al padrón oficial. No son cifras facilitadas por la Comunidad de Madrid ni por los ayuntamientos, y pueden variar si la liquidación toma como referencia un padrón distinto.
