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La oposición socialista en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares solicita esclarecer la situación urbanística de la Escuela de Arte Alberto Corazón ante las informaciones periodísticas sobre el 'Caso FP'
02 febrero 2026.- La actualidad política municipal se ha visto sacudida hoy por la reactivación del denominado 'Caso FP', una investigación judicial que examina presuntas irregularidades en la construcción de infraestructuras educativas en la Comunidad de Madrid.
El Grupo Municipal Socialista ha exigido comparecencias públicas a la alcaldesa, Judith Piquet, tras publicarse nuevas informaciones que vinculan al secretario general del PP local y actual director general de Educación Concertada, Jorge Elías de la Peña, con la supervisión de las obras investigadas.
A continuación, se detallan las claves para comprender el alcance de esta denuncia, los antecedentes del caso y la situación administrativa de los centros afectados.
Antecedentes: ¿Qué es el 'Caso FP'?
El caso tiene su origen en una denuncia por impago interpuesta por un empresario encargado de las obras del macrocentro de Formación Profesional (FP) Ciudad Escolar en Madrid. Lo que comenzó como un litigio comercial derivó en una instrucción judicial que investiga un posible delito de prevaricación en la adjudicación y gestión de las obras de varios centros públicos.
La jueza encargada del caso trata de determinar si la administración regional permitió la construcción y apertura de centros educativos sin los contratos pertinentes o saltándose los procedimientos administrativos de la Ley de Contratos del Sector Público. Entre los centros bajo la lupa judicial figura la Escuela de Arte Alberto Corazón, ubicada en Alcalá de Henares.
¿En qué se sustenta la denuncia del PSOE?
La exigencia de explicaciones planteada hoy se basa en dos pilares: uno periodístico y otro administrativo.
Información periodística: El medio elDiario.es ha publicado hoy informaciones que apuntan a que Jorge Elías de la Peña, a pesar de su cargo político, habría intervenido directamente en la supervisión de las obras. Según estas fuentes, existen correos electrónicos y testimonios presenciales que indican que De la Peña visitó las obras, solicitó cambios técnicos (como en los sistemas de aire acondicionado) e interactuó con los constructores. La veracidad de estos hechos reside en que forman parte de las diligencias que la instrucción judicial está examinando para determinar el grado de responsabilidad de los cargos públicos.
Vacío administrativo municipal: El PSOE denuncia que, tras solicitar acceso a los expedientes urbanísticos, los Servicios de Gestión de Licencias del Ayuntamiento de Alcalá han contestado que no obra en su poder documentación referida a la Escuela de Arte Alberto Corazón
. Esto implicaría que el centro podría estar operando sin las licencias municipales de obra o actividad reglamentarias, una situación anómala para una infraestructura pública.
¿Por qué se plantea ahora esta exigencia?
Aunque las dudas sobre la legalidad de las obras llevan meses circulando, la reclamación se reactiva hoy, 2 de febrero de 2026, debido a dos factores:
Avance judicial: La reciente imputación de un exdirector general de la Consejería ha elevado el tono de la investigación, cerrando el cerco sobre los responsables políticos del momento.
Nuevas revelaciones: La publicación de pruebas que sitúan presuntamente a un cargo local (De la Peña) en la gestión directa de las obras ha trasladado el foco desde la Asamblea de Madrid al Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
La postura del Gobierno Municipal y el silencio administrativo
Hasta el momento, ni la alcaldesa Judith Piquet ni el Partido Popular de Alcalá han ofrecido una rueda de prensa monográfica sobre este asunto. En situaciones de judicialización de la gestión pública, es habitual que las administraciones opten por la prudencia, apelando al respeto a los tiempos judiciales y a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme o una apertura de juicio oral contra los cargos actuales.
Probablemente, la defensa política se centrará en que las obras son competencia autonómica (Comunidad de Madrid) y no municipal, argumentando que las supuestas irregularidades administrativas en la concesión de licencias podrían deberse a procedimientos de urgencia o interés general supramunicipal, una figura legal que a veces exime de ciertos trámites locales, aunque esto deberá ser aclarado por los servicios jurídicos.
Recorrido de la denuncia
El caso tiene dos recorridos paralelos:
Vía Judicial: La instrucción continuará recabando testimonios. Si el juez considera que la intervención de De la Peña constituyó una extralimitación de funciones o contribuyó a una prevaricación administrativa, podría ser llamado a declarar en calidad de investigado.
Vía Política: La confirmación por parte del Ayuntamiento de que no existen licencias de obra o actividad en los archivos municipales
abre la puerta a que la oposición solicite plenos extraordinarios o comisiones de investigación para aclarar si el edificio cumple con la normativa de seguridad y habitabilidad exigible a cualquier centro educativo.
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