PSOE Guadalajara, zona azul, ZBE, ORA, movilidad
 |
| Alberto Rojo exige a Guarinos que dimita por tratar de engañar a la ciudadanía anunciando una engañosa eliminación de plazas de zona azul |
El PSOE exige la dimisión de la alcaldesa Ana Guarinos tras una gestión marcada por contradicciones jurídicas, cifras manipuladas y una protesta ciudadana que obligó al Ayuntamiento a dar marcha atrás.
21 mayo 2026.- Guadalajara amanecía en mayo de 2026 con las cuadrillas municipales pintando rayas azules en calles que nunca antes habían conocido el estacionamiento regulado. La nueva Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA), aprobada el 25 de marzo de 2025 con los únicos votos del PP y Vox, preveía ampliar el sistema de pago desde las 828 plazas existentes hasta más de 2.290, un incremento del 130%.
Los barrios de Bejanque y el entorno de los Hermanos Fernández Galiano, entre otros, verían por primera vez cobros de entre 0,65 y 0,98 euros por hora. La indignación no tardó en materializarse en la calle.
Centenares de ciudadanos se manifestaron en al menos tres concentraciones sucesivas bajo el lema 'Más cordura, menos pintura'. La entrada en vigor, prevista inicialmente para una fecha de principios de mayo, fue aplazada hasta el 18 de mayo, luego hasta el 1 de junio, acumulando hasta tres dilaciones mientras la empresa adjudicataria, Dornier, alegaba que las lluvias le impedían terminar de pintar las plazas. El caos sembraba la capital alcarreña.
La denuncia del PSOE: argumentos fuertes con alguna sombra retórica
El concejal socialista y secretario general del PSOE en Guadalajara, Alberto Rojo, exigió este 21 de mayo la dimisión de la alcaldesa Ana Guarinos mediante una nota de prensa cargada de contundencia. La lectura detallada del documento, cotejada con las fuentes disponibles, permite distinguir entre los argumentos sólidamente respaldados y aquellos que, sin ser falsos, adolecen del sesgo lógico de todo comunicado de oposición.
Primer argumento: el 80% es en realidad un 25%
Rojo sostiene que el Ayuntamiento manipula los datos al anunciar la eliminación del 80% de las nuevas plazas de zona azul, cuando en realidad —según sus cálculos— solo se suprime alrededor de un 25% del total ampliado. La diferencia estriba en la base de cálculo: el Ayuntamiento toma como referencia únicamente las nuevas plazas de zona azul estricta (unas 400 plazas añadidas a las 500 preexistentes), de las cuales elimina aproximadamente 310-320, lo que efectivamente ronda el 80%. Rojo, en cambio, parte del total de la expansión del estacionamiento regulado, que incluía unas 1.190-1.200 plazas nuevas entre zona azul, zona roja y zona verde, y señala que eliminar 310 sobre ese universo supone apenas el 25%.
Ambas cifras son matemáticamente coherentes; el debate es político: cuál es el denominador correcto. No obstante, la acusación de 'manipulación' de Rojo tiene fundamento en tanto que el Ayuntamiento optó por el denominador más favorable para presentar su rectificación como más generosa de lo que es en términos globales.
Segundo argumento: la vinculación entre zona azul y ZBE, la clave del asunto
Este es el argumento más sólido de Rojo y el que dibuja con mayor nitidez lo que él denomina 'contubernio'. La cronología es la siguiente: el Ayuntamiento de Guarinos justificó la ampliación de la zona azul como medida complementaria de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), por la que los vehículos restringidos debían aparcar en la periferia del área de restricción. La ZBE fue aprobada en pleno en marzo de 2024.
Sin embargo, en julio de 2025, el propio Ayuntamiento —consciente de que la ordenanza de la ZBE podría tener problemas legales— ya aprobó una segunda moratoria en las sanciones de la ZBE, prorrogándola hasta el 30 de abril de 2026; y en las semanas previas al fallo judicial, anunció incluso una nueva moratoria hasta finales de 2027. Pese a esa inestabilidad jurídica conocida, el contrato de la ORA fue adjudicado el 5 de enero de 2026 y la maquinaria burocrática y económica siguió rodando.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó sentencia en torno a finales de abril de 2026, declarando nula de pleno derecho la ordenanza de la ZBE por haberse aprobado sin contar con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) previo y vigente, requisito exigido por la normativa estatal. La nulidad fue promovida por la asociación vecinal Guadalajara Despierta.
Entonces llegó la pregunta incómoda que formula Rojo: ¿por qué, si ya existía una sentencia que eliminaba la justificación técnica y jurídica de la zona azul ampliada, el Ayuntamiento siguió adelante con el pintado de las plazas? ¿Por qué no se detuvo el proceso antes de que el caos se instalara en la ciudad?
La respuesta del equipo de gobierno, que ha atribuido el cambio de postura precisamente a esa sentencia, no convence: si la sentencia es la causa de la rectificación, el retraso en reaccionar —mientras la empresa pintaba calles y los vecinos protestaban— resulta cuando menos inexplicable.
Tercer argumento: tres aplazamientos y confusión ciudadana
La nota socialista describe hasta tres aplazamientos sucesivos de la entrada en vigor de la nueva ORA, lo que la información publicada corrobora: primero se fijó una fecha inicial, luego se pospuso al 18 de mayo, y finalmente al 1 de junio, mientras la propia alcaldesa declaraba públicamente que 'de aquí al lunes pueden pasar muchas cosas'. Esta gestión errática es un hecho documentado y difícilmente rebatible. Genera, como señala Rojo, confusión, malestar y hartazgo entre los ciudadanos, amén de un coste de credibilidad política para el equipo de gobierno.
El contraataque del PP: culpar al antecesor
El Ayuntamiento ha respondido a las críticas con un argumento que tiene parte de verdad pero resulta insuficiente: la ZBE fue 'diseñada e impulsada por el gobierno anterior' de Alberto Rojo, y los proyectos vinculados a ella —incluido el aparcamiento disuasorio de los Hermanos Fernández Galiano— nacieron en esa etapa socialista. Añaden que Rojo jamás eliminó ninguna plaza de zona azul en su mandato y que incluso convirtió aparcamientos gratuitos en zonas de pago (Adoratrices y Dávalos).
Estos datos son verificables y relevantes para el contexto histórico. Sin embargo, no responden a la pregunta de fondo: si el actual equipo de gobierno conocía los riesgos jurídicos de la ZBE —tal como evidencian sus propias moratorias—, ¿por qué adjudicó y ejecutó el contrato de la ORA ampliada sin esperar el pronunciamiento judicial definitivo? La estrategia de atribuir la responsabilidad al adversario es legítima en política, pero no exonera de las decisiones propias.
Una gestión con fisuras difíciles de justificar
La nota del PSOE es, como todo comunicado de oposición, una pieza de parte. Utiliza un lenguaje maximalista —'miente descaradamente', 'infame', 'contubernio'— que excede el rigor analítico, y la exigencia de dimisión responde más a la dinámica del debate político que a una valoración ponderada. Rojo, además, defiende la ZBE como herramienta necesaria para Guadalajara pero omite que la ordenanza que él mismo impulsó tenía un defecto de procedimiento que la hacía vulnerable judicialmente.
Dicho esto, el núcleo argumental del PSOE aguanta el escrutinio. La secuencia de hechos —moratoria propia sobre la ZBE, adjudicación del contrato de la ORA, sentencia anulatoria del TSJ, y continuación del pintado de plazas pese a ello— dibuja un cuadro de gestión que, como mínimo, merece una explicación pública convincente que el Ayuntamiento aún no ha dado.
La marcha atrás sobre el 80% de las plazas de zona azul llega presionada por la movilización ciudadana y por el fallo judicial, no como fruto de una revisión proactiva y responsable de la política municipal. Eso es lo que hace que la rectificación, en vez de ser presentada como mérito, sea leída por la ciudadanía como una derrota.
El concejal socialista cierra su intervención con un resultado expresivo: 'Guadalajara 1 - Guarinos 0'. La metáfora futbolística tiene su gracia, pero la realidad es más compleja. Guadalajara ha pagado el precio de meses de incertidumbre, tres aplazamientos, costes de ejecución de un contrato que habrá de deshacerse parcialmente y el malestar de miles de vecinos.
Y tanto el equipo que gobierna —por ejecutar una ampliación jurídicamente frágil en un momento procesalmente delicado— como el equipo que aspira a gobernar —por haber dejado una ZBE con pies de barro procedimentales— tienen algo que explicar a los guadalajareños.
Documentación relacionada
