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| Ruth Grass, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz |
20 mayo 2026.- El primer elemento a clarificar es esencial para valorar la denuncia de Más Madrid: la construcción y planificación de institutos de educación secundaria es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid, no del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. El alcalde Alejandro Navarro no tiene potestad legal para construir un IES ni para comprometer esa inversión. La DAT (Dirección del Área Territorial Madrid Este) es el órgano autonómico competente en la zona.
Esto tiene una consecuencia directa sobre el análisis: la moción presentada en el pleno municipal no exige al Ayuntamiento que construya el instituto, sino que inste a la Comunidad de Madrid a hacerlo. Es, por tanto, una moción de carácter interinstitucional, un instrumento político legítimo pero de efecto limitado: si se aprueba, el pleno traslada una petición formal a la administración autonómica; si se rechaza, como ha ocurrido, el Ayuntamiento se abstiene de trasladar esa presión.
El problema real: ¿existe saturación objetiva en los IES de Torrejón?
La respuesta es sí, y está documentada con datos que no provienen de ningún partido político, sino del propio informe de la Asamblea de Docentes, elaborado a partir de cifras del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
El municipio ha pasado de 94.161 habitantes en 2000 a 143.526 en 2025, un aumento del 52,4% en un cuarto de siglo. La franja de 12 a 18 años también ha crecido con fuerza, de 8.648 jóvenes en 2003 a 10.460 en 2022, con una proyección que se acercaría a los 13.000 en 2030.
La matrícula total en Torrejón pasa de 17.695 estudiantes en 2017/18 a 20.981 en 2023/24, un incremento de 3.286 alumnos. En ESO, el aumento total es de 1.152 alumnos, de los que 637 recaen en centros públicos, es decir, el 55,3% del crecimiento.
La ocupación física de los edificios es el dato más contundente. En el IES León Felipe hay siete grupos más que aulas disponibles. En el IES Isaac Peral, el centro funciona exactamente al límite de su capacidad. La normativa que permite aumentar un 10% las ratios en situaciones excepcionales se ha convertido en una práctica habitual, lo que reduce el impacto real de la bajada de ratios mientras mantiene la presión sobre los centros. El resultado es una saturación generalizada de los institutos públicos: bibliotecas, laboratorios y departamentos convertidos en clases, salones de actos utilizados como aulas ordinarias o espacios no educativos reconvertidos para dar cabida al alumnado.
El problema es real, está cuantificado y tiene respaldo en fuentes independientes. Ni Telemadrid ni Magisnet lo cuestionan. La propia Consejería de Educación, contactada por Telemadrid, no respondió a las afirmaciones de momento. El silencio administrativo ante una demanda documentada es en sí mismo significativo.
El argumento del gobierno municipal: ¿tiene consistencia?
El alcalde Navarro y el director de la DAT, Marcos Rafael Moreno Sánchez, han esgrimido dos argumentos principales para negar la urgencia del nuevo IES:
Argumento 1: "Ya se han construido dos centros nuevos" (el CEIP Beethoven y el IES Juan Bautista Monegro).
Este argumento es parcialmente cierto pero incompleto en su lectura. El CEIP Beethoven es un colegio de primaria, no un instituto de secundaria, y por tanto no alivia la presión sobre la ESO. El IES Juan Bautista Monegro sí es un nuevo instituto, abierto en el barrio de Soto Henares, pero los alumnos que cursaban la ESO en el Beethoven por falta de espacio han podido volver a dicho instituto solo tras una ampliación de 8,5 millones de euros y 35 nuevas aulas, inaugurada en enero de 2026.
Esto confirma que la saturación fue real —los alumnos del IES estaban estudiando en el colegio de primaria— y que la ampliación responde a una necesidad acumulada, no a una planificación anticipada. El gobierno municipal presenta como éxito la solución a un problema que él mismo reconoce que existió.
Argumento 2: "Quienes no tienen recursos pueden ir a la concertada gracias al sistema de becas".
Esta declaración del director de la DAT, recogida en la nota de prensa de Más Madrid, es la más problemática desde el punto de vista técnico-educativo. El sistema de becas para centros concertados en la Comunidad de Madrid no garantiza plaza en esos centros ni cubre todos los costes asociados (actividades, comedor, material). Más importante aún: desplazar la demanda insatisfecha de la pública hacia la concertada no es una solución de planificación educativa, sino una renuncia a ella.
Si un funcionario responsable de la planificación escolar en un área territorial propone la red concertada como válvula de escape a la saturación pública, está reconociendo implícitamente que la red pública no tiene capacidad suficiente para atender la demanda, que es precisamente lo que la Asamblea de Docentes denuncia.
Argumento 3: Descreditar a la Asamblea de Docentes ("eran solo dos docentes y no sabía a quiénes representaban").
Este argumento no rebate el informe: ataca a los mensajeros, no al mensaje. El informe utiliza datos oficiales del Portal de Transparencia, que la propia DAT se negó a facilitar directamente. Los datos tuvieron que ser solicitados al Portal de Transparencia ya que la DAT se negó a aportarlos. Que la administración niegue los datos y luego descredite a quienes los obtienen por otras vías es una secuencia difícilmente defendible en términos de transparencia pública.
Antecedentes relevantes: la parcela cedida al colegio concertado
La nota de Más Madrid alude a un hecho con especial peso histórico: que el retraso en la construcción del IES Juan Bautista Monegro se debió, en parte, a que el PP cedió la parcela inicialmente destinada a ese instituto a un colegio concertado, obligando al CEIP Beethoven a actuar durante años como CEIPSO (centro que imparte tanto primaria como secundaria) para absorber la demanda.
Este dato no ha sido desmentido por el PP y encaja con la secuencia temporal que muestra el informe docente. Si es correcto —y hay elementos para creerlo—, refuerza la crítica sobre una planificación que favoreció la expansión concertada sobre la pública en momentos de crecimiento demográfico.
¿Tiene sentido la denuncia de Más Madrid?
Sentido competencial
La moción tiene sentido competencial pleno: instar al pleno municipal a trasladar a la Comunidad de Madrid la necesidad de un nuevo IES es un uso perfectamente legítimo del derecho de proposición en un órgano de representación local. No es una extralimitación competencial; es precisamente la vía institucional ordinaria para que un municipio presione a la administración autonómica sobre una materia que esta tiene reservada.
Sentido argumental
Los argumentos de fondo son sólidos. El crecimiento poblacional de la ciudad —que ha pasado de algo más de 94.000 habitantes en el año 2000 a más de 143.000 en 2025— ha incrementado la presión sobre las infraestructuras educativas existentes. Esta situación habría obligado a reconvertir dependencias como bibliotecas, laboratorios o salones de actos en aulas ordinarias. Estos hechos son verificables independientemente de quién los denuncie.
Sentido como lógica opositora
Aquí hay matices importantes. La demanda de Más Madrid llega avalada por el informe de la Asamblea de Docentes y por la cobertura en medios especializados, lo que le da respaldo técnico real. Sin embargo, existe un antecedente que merece anotarse: Más Madrid se vio obligado a retirar su moción del Pleno de 24 de abril de 2024 al igual que ha ocurrido en el Pleno de 26 de febrero de 2025, al ser desautorizado por las entidades a las que pretendía defender. Esto sugiere que la relación de Más Madrid con los colectivos educativos locales ha sido más accidentada que la que presenta su comunicado actual, y que la credibilidad de su papel como portavoz de esas demandas tiene un historial que no es impecable.
En la moción de mayo de 2026, sin embargo, la situación es distinta: la Asamblea de Docentes sí ha publicado su propio informe, ha convocado concentraciones públicas y ha buscado visibilidad mediática independiente. Más Madrid no está en este caso atribuyéndose una representación no autorizada, sino sumándose a una demanda que los propios docentes han articulado con anterioridad y con datos propios.
Reseña final: el problema existe, la denuncia es pertinente, pero hay que calibrar bien el escenario
El problema es real y estructural. Torrejón de Ardoz ha crecido un 52% en población en 25 años. Sus institutos públicos funcionan al límite o por encima de su capacidad física. La red pública ha absorbido más de la mitad del crecimiento de alumnado en ESO sin un incremento equivalente de infraestructuras. Estos son hechos, no interpretaciones políticas.
La respuesta institucional ha sido insuficiente. La ampliación del IES Juan Bautista Monegro es una inversión real y significativa, pero resuelve —con retraso— una saturación ya consolidada en un solo barrio. No previene la siguiente. La negativa de la DAT a facilitar los datos que luego tuvo que obtener la Asamblea por vía del Portal de Transparencia es una disfunción grave de transparencia administrativa. Y la sugerencia de que las familias sin recursos pueden derivarse a la concertada no es una política educativa; es una confesión de planificación insuficiente.
La moción de Más Madrid tiene fundamento técnico y competencial. Que el PP la rechace en el pleno municipal es su prerrogativa de mayoría; que lo haga sin rebatir los datos del informe docente es lo que convierte el rechazo en políticamente vulnerable.
El límite del comunicado de Más Madrid está en su tono: mezcla datos sólidos con afirmaciones de alta carga retórica que debilitan su propio argumento ante quienes no son ya simpatizantes. La denuncia es más fuerte que su envoltorio. Los datos hablan por sí solos: no necesitan adjetivos para ser convincentes. Una oposición que confía en los hechos no necesita reemplazarlos con indignación.
