OPINIÓN. El derecho a la protesta y los límites del discurso político

  Las protestas contra el equipo israelí en la Vuelta Ciclista se extienden a Asturias, Foto: eldiario,es 06 septiembre 2025.- Las recientes...

 

Las protestas contra el equipo israelí en la Vuelta Ciclista se extienden a Asturias, Foto: eldiario,es

06 septiembre 2025.- Las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en las que vinculó a manifestantes propalestinos con “etarras”, han generado una intensa polémica en el espacio público español. Más allá del impacto mediático, este episodio plantea una cuestión de fondo: ¿cuáles son los límites legítimos del discurso político en una democracia consolidada como la española?

Durante un acto del Partido Popular en Arganda del Rey, Ayuso se refirió a los activistas que protestaron contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España como “los más violentos, los etarras”, añadiendo que “son los que más lo jalean”. Estas palabras, pronunciadas en un contexto de tensión internacional por el conflicto en Gaza, han sido interpretadas por muchos como una criminalización del derecho a la protesta.

Desde una perspectiva democrática, el derecho de reunión y manifestación está protegido por el artículo 21 de la Constitución Española. Este derecho no solo ampara la expresión de opiniones diversas, sino que constituye un pilar esencial para la participación ciudadana en asuntos públicos. Vincular a manifestantes pacíficos con el terrorismo, sin pruebas ni identificaciones concretas, supone una deslegitimación preocupante de ese derecho.

Es legítimo que los representantes públicos expresen sus opiniones y condenen actos que consideren inapropiados. Sin embargo, en una democracia madura, el lenguaje político debe respetar ciertos límites: no puede estigmatizar colectivos ni banalizar conceptos como el terrorismo, que tienen un peso histórico y jurídico muy concreto en España.

Además, el uso de términos como “pogromos contra judíos” o la acusación de “blanqueo ideológico” a través de causas sociales, como la defensa de los animales o la pobreza, introduce una narrativa polarizadora que dificulta el diálogo democrático. En lugar de fomentar el debate plural, este tipo de discurso tiende a dividir, simplificar y etiquetar.

La protesta contra la presencia de un equipo israelí en una competición deportiva puede ser discutida, criticada o incluso rechazada. Pero debe ser entendida como parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, especialmente cuando se realiza de forma pacífica. Equiparar esa expresión con el terrorismo no solo es desproporcionado, sino que erosiona la calidad del debate público.

En tiempos de polarización, es más necesario que nunca reivindicar el valor de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos fundamentales y la responsabilidad del lenguaje político. Los líderes tienen el deber de elevar el tono del debate, no de degradarlo. Porque en democracia, disentir no es delinquir.

Autor: Gontzal Negrete