legislación, Código Penal, ley de multirreincidencia
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| La diputada del Grupo Junts per Catalunya, Marta Madrenas i Mir |
La proposición de ley busca endurecer el castigo para los hurtos leves cuando se cometen de forma reiterada, facilitando la aplicación de penas de prisión.
La iniciativa rompe la dinámica de bloques habitual: cuenta con el "sí" de socialistas y populares, mientras que socios de investidura como EH Bildu, Podemos y ERC votan en contra por considerarla "populismo punitivo".
04 diciembre 2025.- El Congreso de los Diputados ha dado luz verde hoy a la tramitación de la proposición de ley presentada por Junts per Catalunya para combatir la multirreincidencia delictiva. La iniciativa, que plantea una modificación específica del Código Penal, ha superado su primer examen parlamentario (la toma de consideración) gracias a una aritmética inusual que ha unido los votos de Junts, PSOE, PP y PNV, frente al rechazo frontal del ala izquierda del hemiciclo, encabezada por EH Bildu, Podemos, Sumar y ERC.
Este avance legislativo marca un punto de inflexión en la política de seguridad ciudadana y evidencia la capacidad de la formación catalana para traccionar mayorías transversales en cuestiones de orden público.
¿En qué consiste la Ley de Multirreincidencia?
La propuesta de Junts tiene como objetivo principal atajar la sensación de impunidad ante los hurtos menores (de menos de 400 euros), especialmente el robo de teléfonos móviles y carteras en grandes ciudades, modificando el artículo 234.2 del Código Penal.
Claves de la reforma:
De multa a prisión: Actualmente, el hurto de menos de 400 euros se castiga mayoritariamente con una multa. La reforma busca que, si el autor ha sido condenado ejecutoriamente por tres delitos de esta naturaleza anteriormente, la pena se agrave y pueda conllevar prisión de 6 a 18 meses.
Facilitar el cómputo de antecedentes: El texto pretende solucionar las trabas burocráticas actuales. Hasta ahora, para aplicar el agravante de reincidencia, los jueces necesitaban disponer de una hoja histórico-penal que detallase el importe de lo sustraído en condenas anteriores (para probar que la suma excedía los 400 euros). La reforma busca simplificar este trámite para que los antecedentes por delitos leves cuenten automáticamente para elevar la pena, evitando que los reincidentes acumulen detenciones sin entrar en prisión.
Adaptación a la doctrina del Supremo: La ley busca dar cobertura legal a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, aclarando legislativamente que la multirreincidencia en delitos leves es suficiente para convertir el nuevo delito en uno "menos grave".
El tablero político: seguridad vs. punitivismo
El debate parlamentario ha visibilizado una fractura ideológica respecto al modelo de seguridad:
La postura de Junts: La formación independentista defiende la reforma como una "necesidad urgente" ante la alarma social, especialmente en Cataluña y Barcelona, donde los índices de hurtos han generado malestar ciudadano. Argumentan que el sistema actual es una "puerta giratoria" para delincuentes profesionales.
El apoyo de PSOE y PP: El PSOE ha justificado su apoyo apelando a la necesidad de "ajustar" la norma para hacerla eficaz y dar respuesta a una demanda social, aunque ha anunciado que presentará enmiendas técnicas durante la tramitación. El PP, por su parte, ha respaldado la medida por alinearse con sus postulados de endurecimiento de las penas y seguridad ciudadana.
El rechazo de la Izquierda: EH Bildu y Podemos han votado en contra utilizando términos duros. Califican la medida de "aporofobia" (odio al pobre) y "populismo punitivo", argumentando que endurecer las penas no reduce la delincuencia y que esta reforma castigará desproporcionadamente a los estratos más vulnerables de la sociedad, llenando las cárceles por delitos menores.
Próximos pasos
Tras la aprobación de su toma de consideración, la ley pasará ahora a la Comisión de Justicia. Allí, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas al articulado. El PSOE ya ha avanzado que buscará "seguridad jurídica" en el texto final, lo que anticipa una negociación técnica compleja antes de que la ley sea aprobada definitivamente y entre en vigor.
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