editorial, empleo, inteligencia artificial, beneficios económicos
La pregunta decisiva de la automatización no es a qué velocidad destruye empleos, sino quién captura la riqueza que genera —y conviene responderla mientras aún hay margen.
17 junio 2026.- Conviene admitir, antes que nada, lo que no sabemos. No sabemos a qué velocidad la inteligencia artificial y la automatización sustituirán el trabajo humano, ni siquiera si lo harán en el sentido neto que tememos. La historia económica está llena de profecías de desempleo tecnológico que no se cumplieron: cada ola de máquinas destruyó oficios y, con retraso y sufrimiento, creó otros. Hay economistas serios que esperan que esta vez ocurra lo mismo, y otros, igual de serios, que sostienen que la IA es distinta porque no automatiza una tarea, sino la capacidad de aprender a hacer tareas. El debate está abierto, y quien lo dé por zanjado en cualquiera de las dos direcciones está vendiendo certezas que no tiene.
Pero hay una pregunta que no depende de resolver esa incógnita, y es la que de verdad importa: si la automatización genera una enorme cantidad de riqueza con cada vez menos trabajo, ¿quién se queda con ella? Esa cuestión —la del reparto, no la de la velocidad— se plantea exactamente igual tanto si los empleos desaparecen como si simplemente se transforman dejando una porción creciente del valor en manos de quien posee la tecnología. Y a diferencia del pronóstico sobre el empleo, esta sí podemos empezar a responderla hoy.
El argumento para hacerlo ahora no es moral en primera instancia, aunque también lo sea. Es práctico. Las herramientas con las que una sociedad reparte su prosperidad —sistemas fiscales, fondos públicos, marcos de propiedad— tardan años en diseñarse, aprobarse y echar a andar, y son extraordinariamente difíciles de construir una vez que los beneficiarios actuales se han atrincherado. Si esperamos a tener la certeza de que el problema ha llegado, llegaremos tarde: para entonces, la distribución de la riqueza ya se habrá consolidado y cualquier intento de corregirla se topará con intereses lo bastante poderosos como para bloquearlo. No prepararse no es una posición neutral; es una decisión a favor del statu quo que se imponga por defecto.
Y ese statu quo tiene un problema que debería preocupar incluso a quien no comparta ninguna sensibilidad redistributiva. Una economía en la que el grueso de las ganancias se concentra en los dueños del capital y una proporción creciente de la población pierde poder adquisitivo es, antes que injusta, disfuncional. Las máquinas no compran coches, ni hipotecas, ni cenas fuera. La demanda que sostiene a las propias empresas que se automatizan procede de los salarios de la gente. Un capitalismo que prescinde de los trabajadores como productores corre el riesgo de prescindir también de ellos como consumidores, y de quedarse sin el mercado que justifica su existencia. A esto se añade un riesgo más difícil de cuantificar pero igual de real: una desigualdad extrema es políticamente inestable. Las sociedades en las que una mayoría siente que el progreso se reparte sin ella no se vuelven más dóciles; se vuelven más volátiles, más permeables al populismo y más propensas a romper, por la vía del voto o de la calle, las reglas que las sostenían.
Sobre la mesa hay, al menos, dos familias de respuestas que merecen estudio. La primera es fiscal: gravar de forma específica las ganancias impulsadas por la automatización, mirando más allá del impuesto sobre la renta del trabajo, que pierde base imponible justo cuando el valor se desplaza del salario al capital. La idea es atractiva pero tiene una objeción seria que sus defensores deben afrontar y no esquivar: ¿cómo se aísla qué beneficio es atribuible a la IA y cuál a la pericia o la inversión ordinaria de una empresa? Una definición tosca penalizaría la productividad legítima; una demasiado fina sería inaplicable. Y por encima de todo planea la amenaza de la fuga: el capital y las sedes se mudan a jurisdicciones más laxas con una facilidad que el trabajo nunca tuvo, de modo que un recargo nacional aislado puede acabar exportando la actividad en lugar de financiando el reparto. Esto no invalida la propuesta, pero la condiciona a una coordinación internacional que está en sus primeros y titubeantes pasos.
La segunda familia de respuestas es patrimonial: dar a la ciudadanía una participación directa en los beneficios, en lugar de que recaigan íntegramente en accionistas privados. Aquí no partimos de cero. El fondo soberano noruego, alimentado por la renta del petróleo, convirtió un recurso agotable en un patrimonio colectivo que renta a todo el país; el Permanent Fund de Alaska reparte cada año un dividendo a sus residentes por el mismo principio. Trasladar esa lógica a la IA —tratar la riqueza automatizada como un recurso cuyos frutos se comparten— es concebible. Pero también arrastra preguntas sin resolver: ¿cómo se capitaliza ese fondo sin nacionalizar empresas ni ahuyentar la inversión que se quiere aprovechar? ¿Quién lo gobierna, y cómo se evita que se convierta en una caja política? Son objeciones legítimas. No son razones para descartar la idea, sino el temario de un debate que aún no hemos tenido en serio.
Y conviene decirlo con humildad: es probable que ni el recargo ni el fondo, tal como hoy los imaginamos, sean la respuesta definitiva. El futuro traerá seguramente instrumentos que ahora no vislumbramos, igual que el siglo XX inventó la seguridad social o la negociación colectiva para problemas que el XIX no sabía nombrar. Precisamente por eso la conclusión no puede ser un mecanismo concreto, sino una actitud: construir instituciones flexibles, capaces de evolucionar a medida que el problema revele su forma real. Lo contrario —esperar a tener la solución perfecta antes de mover un dedo— garantiza la peor de las opciones.
No se trata, pues, de frenar la automatización ni de demonizar a quien la impulsa. La riqueza que la IA promete es real y deseable. La cuestión es si llegará a ser una riqueza compartida o una capturada, y esa no la decidirá la tecnología: la decidiremos nosotros, con las reglas que pongamos —o dejemos de poner— mientras todavía estamos a tiempo. Empezar a hablar de quién paga la factura no es alarmismo. Es la forma más elemental de prudencia.
