230 M€ al año para el relevo agrario frente a miles de millones cada verano en extinción. Las cuentas reales del abandono del medio rural.
Apagar el monte cuesta más que mantener al ganadero
España se gasta 230 millones de euros al año en que entren jóvenes en el campo, y varios miles cada verano en apagar el monte que ya no pastorea nadie. La cuenta completa del abandono rural nunca se ha hecho. Va siendo hora.
10 agosto 2026.- Este verano ha ardido en España el mayor incendio de su historia. Más de 77.000 hectáreas entre Ávila, Madrid y Toledo, más de 90.000 personas evacuadas o confinadas y la primera declaración de emergencia de interés nacional por un fuego forestal desde que existe ese mecanismo. A 1 de agosto, la superficie quemada en 2026 alcanzaba las 186.480 hectáreas: cinco veces la del mismo periodo del año anterior, con 38 grandes incendios frente a los siete de 2025.
Cada agosto repetimos la misma liturgia. Contamos hectáreas, elogiamos a los brigadistas, discutimos si faltan hidroaviones y culpamos al cambio climático. Y cada septiembre archivamos el asunto hasta el verano siguiente, sin haber formulado la única pregunta que importa: ¿por qué arde así un país que hace sesenta años tenía el monte pastoreado, la leña recogida y gente viviendo en él?
La respuesta incomoda, porque no admite soluciones de temporada. Arde así porque no vive nadie. Y no vive nadie porque hace décadas que dejamos de plantearnos en serio si se puede vivir dignamente de la tierra.
Empecemos por reconocer lo que no es cierto
Un alegato en favor del sector primario suele arrancar con una queja que se ha repetido tanto que ya nadie la comprueba: que al campo se le dan migajas mientras se riegan de millones los sectores tecnológicos de vanguardia. Conviene decir cuanto antes que ese argumento es falso, porque quien lo utilice va a perder el debate en la primera réplica.
España destina al sector primario más dinero público al año que a ningún proyecto tecnológico. En 2024 se pagaron aquí 7.755 millones de euros de la Política Agraria Común a unos 610.000 beneficiarios. El Plan Estratégico español de la PAC moviliza 47.724 millones entre 2021 y 2027. Frente a eso, el PERTE Chip —el mayor de los proyectos estratégicos industriales— dispone de 12.250 millones hasta 2027, de los que el 88 % son créditos que hay que devolver.
Al campo no le falta presupuesto. Lo que le falta es que ese presupuesto compre algo distinto de lo que compra hoy.
Qué compra el dinero del campo
El importe medio de las ayudas directas de la PAC fue en 2025 de 6.777 euros por perceptor y año. Es decir: la PAC no es una renta, es un complemento. Con eso no se sostiene un proyecto de vida, no se compra maquinaria, no se paga una hipoteca ni se convence a nadie de quedarse en un pueblo de 300 habitantes.
Y ese complemento, además, se reparte de forma extraordinariamente desigual, porque se calcula sobre superficie poseída. El 1 % de los beneficiarios se lleva el 28 % del dinero; el 10 %, el 62 %; el 20 %, el 79 %. Las personas jurídicas son el 10,45 % de los perceptores y absorben el 43,21 % del importe. Se paga por tener tierra, no por vivir de ella ni por habitar el territorio. La propia Comisión Europea lo reconoce sin rodeos.
El resultado está a la vista en la pirámide de edad. Solo el 8,9 % de los titulares de explotación agraria tiene menos de 41 años, frente a un 39,6 % que supera los 65. Y lo más revelador: ese porcentaje lleva cuatro años congelado. Los jóvenes perceptores de ayudas directas pasaron del 8,79 % en 2020 al 8,87 % en 2024. Ocho centésimas en cuatro años de políticas explícitas de relevo generacional.
Traducido: en una década larga, buena parte de la superficie agraria española cambiará de manos o dejará de cultivarse, y hoy no hay quien la coja.
La comparación que sí duele
La comparación honesta con la política industrial no es "campo contra chips". Es relevo generacional contra chips.
España dedica unos 230 millones de euros al año al conjunto de incentivos al relevo generacional agrario, de los cuales 135 millones van específicamente al establecimiento de jóvenes agricultores. Los 12.250 millones comprometidos con los semiconductores equivalen, por tanto, a más de cincuenta años de esa partida. Los 9.350 millones que se reservaron para levantar fábricas de chips —fábricas que, cuatro años después, no existen— equivalen a casi setenta años de la ayuda a la primera instalación de jóvenes en el campo.
Y aquí está lo verdaderamente sangrante: ese dinero ni siquiera se ha gastado. Según el informe de Funcas y AFI, hasta septiembre de 2025 solo se habían ejecutado 880 millones del PERTE Chip, un 7 % de la dotación. El gran proyecto internacional que iba a anclar la industria se dio por caído. El Tribunal de Cuentas Europeo concluyó en 2025 que el objetivo continental de alcanzar el 20 % del mercado mundial en 2030 era, sencillamente, poco realista.
No se trata de que sobre dinero para los chips. Se trata de que el Estado sabe hacer política industrial —planes plurianuales, hitos verificables, gestión unificada, movilización de capital privado— y no se la aplica al sector primario, al que sigue tratando con un mecanismo automático de compensación de rentas diseñado hace sesenta años. Esa es la desigualdad real: no de presupuesto, sino de ambición.
La factura que nunca se contabiliza
Hasta aquí, la mitad del balance. Falta la otra, y es la que convierte todo lo anterior en un argumento de eficiencia del gasto público y no en una reivindicación gremial.
El abandono del territorio no ahorra dinero. Lo gasta, y lo gasta peor.
La extinción de los incendios de 2026 se estima ya, a finales de julio, en más de 3.362 millones de euros. Para 2025, con 354.793 hectáreas quemadas, las estimaciones alcanzan los 6.700 millones. Conviene ser escrupuloso aquí: España no dispone de una metodología oficial unificada para calcular lo que le cuestan sus incendios, y esas cifras no son ejecución presupuestaria, sino hectáreas multiplicadas por un coste de referencia —19.000 euros por hectárea según la patronal forestal ASEMFO, 10.000 según la Agencia Forestal de Navarra cuando intervienen medios aéreos—. La propia ASEMFO sitúa el gasto público real de lucha contra incendios en torno a los 1.200-1.300 millones anuales, de los que unos 400 se van en extinción.
Que las dos cifras estén tan lejos una de otra es en sí mismo parte del problema: un país que no sabe cuánto le cuesta arder no puede decidir cuánto le conviene prevenir. Pero incluso con la estimación más conservadora, la aritmética resulta difícil de sostener: 400 millones anuales solo en apagar equivalen a casi el doble de lo que España invierte en que entren jóvenes en el campo. Y solo el 0,4 % del gasto público español se destina a prevención y protección contra incendios.
Luego llega la segunda factura. La decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales lo formula sin ambages: restaurar suele costar más que apagar. Frente a eso, el Ministerio para la Transición Ecológica anunció 34,5 millones para restauración hidrológico-forestal tras el verano de 2025: menos de cien euros por hectárea quemada. La Unión Europea aportó 120,55 millones del Fondo de Solidaridad: unos 340 euros por hectárea. Compárense esas cifras con los 19.000 euros por hectárea que se atribuyen a la extinción y se entenderá dónde está el desajuste.
Y después, la tercera factura: la reconstrucción. El Consejo de Ministros declaró el 28 de julio 211 zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil en catorce provincias, con ayudas de hasta 12.600 euros por vivienda habitual destruida, 8.600 por daños estructurales, 2.150 por pérdida de enseres y una nueva Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema para los trabajadores afectados. La Comunidad de Madrid ha activado 30 millones en un plan urgente de vivienda para la Sierra Oeste; Castilla y León, ayudas directas de 5.500 euros a autónomos y pymes. Detalle que retrata la eficiencia del modelo: las subvenciones por los daños de los incendios de 2025 se asignaron por resolución de julio de 2026. Un año después.
A todo ello hay que sumar lo que no aparece en ningún decreto. Un estudio publicado en el Journal of Environmental Economics and Management y citado por el Banco Central Europeo calcula que los incendios reducen el crecimiento anual del PIB de las regiones afectadas entre un 0,11 % y un 0,18 %, con caídas acumuladas de hasta el 4,8 % en los años más graves, y una pérdida de entre 5.700 y 9.600 empleos turísticos por temporada en el sur de Europa. El fuego no calcina solo el monte: calcina la economía comarcal durante años.
El dato que lo cambia todo
Queda un elemento del balance que casi nunca se menciona y que, sin embargo, desmonta el argumento implícito de quienes consideran que la despoblación es un proceso natural al que conviene resignarse porque, al fin y al cabo, sale barato.
No sale barato. Sale caro.
Según el análisis de Red Localis, los municipios de hasta 5.000 habitantes gastan 426 euros por vecino en servicios públicos básicos, prácticamente lo mismo que los de 50.000 a 100.000 habitantes, que gastan 455 —y eso prestando menos servicios. La razón es elemental: el coste de un consultorio, una carretera, una línea de transporte a la demanda o un colegio rural es un coste fijo. No disminuye cuando se marcha el vecino; se reparte entre los que quedan.
De ahí se sigue una conclusión que debería estar en el centro del debate presupuestario español y no lo está: cada persona que abandona el pueblo no ahorra dinero público. Encarece el que ya se gasta. Y sin embargo, en el modelo de financiación autonómica, la despoblación y el sobrecoste de prestar servicios en el medio rural pesan apenas un 2,5 %.
Añádase el capítulo de la conectividad. Desde 2018 el programa UNICO ha movilizado más de mil millones de euros en ayudas públicas para llevar banda ancha ultrarrápida al medio rural, con 448,8 millones adicionales en fibra para emplazamientos móviles y más de 500 millones en 5G para municipios de menos de 10.000 habitantes. La cobertura rural pasó del 38 % en 2018 a cerca del 90 %. Es una inversión acertada y necesaria. Pero hemos llevado fibra de gigabit a pueblos que se están quedando sin habitantes, y la infraestructura sin usuarios es capital hundido. Ese dinero solo rinde si hay alguien al otro lado del cable. Y en la mayor parte de ese territorio, quien puede estar al otro lado del cable es, sobre todo, alguien que vive de la tierra.
Lo que hay que reconocer antes de proponer
Un alegato serio tiene que admitir sus puntos débiles, y este tiene dos.
El primero: no existe evidencia concluyente de que subvencionar la agricultura, por sí sola, fije población. La literatura sobre repoblación rural sugiere que pesan tanto o más la escuela, el centro de salud, la vivienda y el transporte. El segundo: las ayudas por hectárea se capitalizan en el precio de la tierra, encareciendo el arrendamiento y la compra y levantando precisamente la barrera que impide entrar a quien no hereda.
Ambas objeciones son sólidas. Y ambas, bien miradas, refuerzan la tesis en lugar de derribarla: lo que hace falta no es más dinero por hectárea, sino un paquete integrado de actividad económica y servicios, y un criterio de reparto radicalmente distinto.
Seis medidas, ninguna de las cuales exige gastar más
Uno. Pagar por actividad y por territorio gestionado, no por superficie poseída: modulación fuerte, techo por perceptor y prioridad para la explotación profesional cuyo titular reside en el municipio.
Dos. Un PERTE del relevo generacional agrario con la arquitectura de los tecnológicos —dotación plurianual, hitos verificables, gestión unificada, evaluación pública—. Para dar la escala: diez mil incorporaciones anuales con 70.000 euros de ayuda de instalación costarían unos 700 millones al año. Los 12.250 millones del PERTE Chip financiarían diecisiete años de ese programa.
Tres. Un banco público de tierras con cesión a largo plazo, porque el acceso a la tierra —y no la vocación— es la barrera real de entrada.
Cuatro. Aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria. En sus tres primeros años acumuló más de 400 multas y solo dos por venta a pérdidas, mientras el índice IPOD de COAG registraba en junio diferenciales entre origen y destino del 270 % en la cereza y del 515 % en el melocotón amarillo. Coste presupuestario de corregirlo: prácticamente cero. Solo hace falta voluntad regulatoria.
Cinco. Trasvase presupuestario de la extinción a la prevención, pagando por servicios de prevención al ganadero extensivo y al aprovechamiento silvopastoral con cargo a los presupuestos de emergencias, no a los agrarios. El ganadero dejaría de ser un perceptor de subvenciones para convertirse en el proveedor de un servicio contratado.
Seis. Que el modelo de financiación autonómica reconozca el coste real de la baja densidad. Y, en paralelo, una metodología oficial unificada para contabilizar el coste completo de los incendios: mientras no exista, prevenir siempre perderá frente a apagar en cualquier discusión presupuestaria, porque solo lo segundo tiene factura.
Por qué ahora y no dentro de tres años
La Comisión Europea propuso en julio de 2025 una PAC de unos 300.000 millones para 2028-2034, frente a los 387.000 del periodo actual: entre un 20 % y un 25 % menos en términos nominales y cerca del 30 % descontada la inflación. Desaparece la estructura de dos pilares y la política agraria se diluye en un fondo único del que cada Estado diseñará su propio "Plan País". Para España se calculan unos 900 millones menos al año.
Es una mala noticia. Pero contiene una oportunidad que no se repetirá: por primera vez en cuarenta años, buena parte de las decisiones de reparto se tomarán en Madrid y no en Bruselas.
Se le va a pedir al campo español que fije población, prevenga incendios y garantice el abastecimiento alimentario con un tercio menos de recursos reales. Discutir ahora cómo se reparte lo que quede no es un debate sectorial: es decidir si dentro de veinte años seguirá habiendo alguien que vea el humo antes que el satélite.
Cuando el plan esté escrito, la discusión habrá terminado.
Fuentes: MAPA, FEGA, MITECO, Consejo de Ministros (28/07/2026), BOE, Comisión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo, Funcas-AFI, ASEMFO, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Banco Central Europeo, Banco de España, Red Localis, AICA, COAG e INE.
