La Comunidad anuncia 6,66 millones en ayudas a empresas de inserción. El 57% lo aportan el Estado y la UE, y alcanza para unos 300 puestos.
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| El esquema de las ayudas a empresas de inserción de la Comunidad de Madrid en 2026: 6,66 millones repartidos en cuatro líneas, de los que el 42,6% procede del presupuesto regional, el 29% del Estado y el 28,4% del Fondo Social Europeo. | Infografía: La Crónica del Henares. |
Madrid, 26 de agosto de 2026
La Comunidad de Madrid anuncia 6,66 millones de euros en ayudas a las empresas que contratan a personas en exclusión, un 14,2% más. La convocatoria muestra que menos de la mitad es dinero regional y que alcanza para unos 300 puestos en toda la región.
Por qué importa
- El 57% del dinero no es de la Comunidad: 1,93 millones los pone el Estado y 1,89 la Unión Europea a través del FSE+.
- El grueso de la partida, 4,73 millones, se reparte a 15.756 euros por puesto de trabajo mantenido o creado: unos 300 en total.
- Las ayudas se conceden por orden de llegada hasta agotar el crédito, no por la calidad del proyecto ni por los resultados de inserción.
Qué es exactamente este programa
Conviene empezar por lo que no es. No es un servicio asistencial con centros propios, plazas concertadas ni copago: la persona atendida no paga nada y no es un usuario, es una trabajadora contratada que cobra un salario. Quien recibe el dinero público es la empresa, no ella.
El instrumento son las empresas de inserción, reguladas por la Ley 44/2007: sociedades mercantiles o cooperativas que producen bienes y servicios en el mercado y que reservan una parte de su plantilla a personas en exclusión, con un itinerario personalizado y con la obligación de reinvertir sus beneficios en vez de repartirlos. No son ONG ni son centros especiales de empleo, que atienden a personas con discapacidad y tienen su propio programa de ayudas.
Para operar y para cobrar subvención deben estar calificadas e inscritas en el Registro de Empresas de Promoción e Inserción Laboral de la Comunidad de Madrid, creado por el Decreto 32/2003. El registro exige que al menos el 30% de la plantilla sean personas en inserción durante los tres primeros años y el 50% a partir del cuarto, con un mínimo de dos personas, y obliga a presentar cada año un balance social con el grado de inserción conseguido en el mercado ordinario.
Quién gestiona y con qué dinero
La gestión no está delegada ni externalizada: la lleva la Dirección General del Servicio Público de Empleo, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que dirige Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, con cargo al programa presupuestario 241M, Promoción y Fomento del Empleo.
El origen del dinero es otra cosa. Según la orden de convocatoria del 2 de julio de 2026, de los 6.660.000 euros:
| Procedencia de los fondos | Importe | Peso |
|---|---|---|
| Comunidad de Madrid (60% de la Ayuda 1) | 2.838.000 € | 42,6% |
| Estado: créditos laborales distribuidos en Conferencia Sectorial (Ayudas 2, 3 y 4) | 1.930.000 € | 29,0% |
| Unión Europea: FSE+ 2021/2027 (40% de la Ayuda 1) | 1.892.000 € | 28,4% |
Dicho de otra forma: de cada diez euros que la Comunidad presenta como suyos, algo más de cuatro salen de su presupuesto. Los otros seis los aportan el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo Social Europeo. La propia orden lo detalla y obliga a las empresas beneficiarias a exhibir los logotipos del Ministerio de Trabajo, del SEPE y de la Unión Europea junto al de la Comunidad.
Cuatro ayudas y cuatro módulos
El programa no reparte a discreción: funciona con módulos fijos por unidad. Son cuatro líneas.
| Línea | Dotación | Módulo | Equivale a |
|---|---|---|---|
| 1. Crear o mantener puestos de inserción | 4.730.000 € | 15.756 € por puesto a jornada completa y 12 meses | ≈ 300 puestos |
| 2. Personal técnico de producción y de orientación | 1.400.000 € | hasta 33.250 € por contrato | ≈ 42 técnicos |
| 3. Gerencia | 230.000 € | 13.000 €, solo si hay 5 o más puestos de inserción | ≈ 17 gerencias |
| 4. Inversión fija ligada a puestos nuevos | 300.000 € | 15.000 € por puesto, tope de 45.000 € por empresa | ≈ 20 puestos |
Las equivalencias son un cálculo propio: dividen cada partida entre su módulo máximo. Son techos teóricos, no plazas garantizadas; los contratos a tiempo parcial o de menos de doce meses cobran la parte proporcional.
El módulo de 15.756 euros por puesto merece una lectura despacio: cubre aproximadamente el coste de un salario anual en el entorno del mínimo interprofesional, cotizaciones aparte. La empresa no recibe un beneficio: recibe la financiación de un puesto que, por definición, es menos productivo que uno ordinario porque el trabajador está aprendiendo.
Cómo se reparte: por orden de llegada
Este es el punto menos comentado y el más relevante para entender el modelo. Las ayudas 1, 2 y 3 —el 95% del dinero— se tramitan por concurrencia competitiva simplificada: las solicitudes válidas se ordenan por la fecha y la hora de entrada en el registro electrónico y se conceden hasta agotar el crédito. Las que llegan después se deniegan.
No hay, por tanto, valoración comparativa de proyectos ni criterios de resultado en esas tres líneas: no puntúa cuánta gente logra un empleo ordinario después. Solo la ayuda 4, la de inversión, con 300.000 euros, pasa por una comisión de valoración. El plazo para pedirlo es de diez días hábiles, tramitación exclusivamente electrónica, y la Administración tiene cuatro meses para resolver; si no lo hace, la solicitud se entiende denegada por silencio.
Otro detalle: el periodo subvencionable va del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026. Es decir, la convocatoria de 2026 paga contratos que ya estaban en marcha antes de publicarse. Funciona como sostenimiento de estructuras existentes, no como incentivo a contratar ahora.
Quién puede ocupar un puesto de inserción
La Ley 44/2007 fija una lista cerrada: perceptores de rentas mínimas y miembros de su unidad de convivencia; personas que no pueden acceder a esas prestaciones por falta de empadronamiento o por haberlas agotado; jóvenes de 18 a 30 años procedentes de protección de menores; personas en proceso de rehabilitación de adicciones; internos de centros penitenciarios en régimen compatible con el empleo, liberados condicionales y exreclusos; menores infractores en situaciones equivalentes; y personas procedentes de alojamientos alternativos o de servicios de prevención e inserción autorizados.
Además hacen falta dos requisitos administrativos: un informe de los servicios sociales que acredite la situación y estar desempleado e inscrito en el servicio público de empleo antes de entrar en la empresa.
La escala: 300 puestos para 1,4 millones de personas
Aquí es donde el anuncio y la realidad se separan más. En la Comunidad de Madrid había en 2024 alrededor de 1,4 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, el 20,9% de la población, según el XV Informe sobre el estado de la pobreza de la red EAPN, elaborado con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. El programa financia, en el mejor de los casos, unos 300 puestos.
El sector es pequeño y lo es en toda España: la federación estatal FAEDEI cifra en más de 150 empresas de inserción y más de 7.000 personas empleadas en el conjunto del país. En Madrid, la asociación del ramo, AMEI, agrupa a 15 empresas y otras tres en constitución; la lista completa de empresas calificadas la publica la Comunidad en un catálogo actualizado en mayo de 2026.
Hay además una tensión de fondo que el anuncio no menciona. El primer colectivo que la ley considera contratable es el de perceptores de rentas mínimas, y la Renta Mínima de Inserción madrileña se ha reducido casi a la nada: según el informe de CCOO Madrid publicado en octubre de 2025, la cobraron 1.416 familias en 2024 y solo 473 hogares hasta agosto de 2025. La vía de acceso sigue abierta por el informe de servicios sociales, pero el embudo previo se ha estrechado.
El caso del Mercado Escuela: 400.000 euros para 14 plazas
La visita que motiva el anuncio fue al Mercado Escuela de San Cristóbal, en San Cristóbal de los Ángeles (distrito madrileño de Villaverde), gestionado por la ONG Cesal en un antiguo edificio municipal. Combina comercio real —carnicería, frutería, restaurante— con formación en el puesto junto a profesionales en activo.
Los números que da la propia Comunidad permiten hacer una cuenta que la nota no hace. El centro tiene 14 plazas de inserción y 13 trabajadores de apoyo, y recibió el año pasado más de 400.000 euros, un 73% más que el anterior. Son unos 28.500 euros por plaza, casi el doble del módulo por puesto, porque incluye técnicos, gerencia e inversiones. Y supone alrededor del 8% de todo lo repartido en el ejercicio, si se toma la cifra de más de cinco millones que da la propia nota.
Esa cifra deja, por cierto, una pregunta abierta: la nota afirma que el programa benefició a 107 entidades, un número muy superior al de empresas de inserción calificadas en la región —la asociación del sector agrupa a quince—. El dato encaja mejor si se cuentan las subvenciones concedidas —una empresa puede cobrar hasta cuatro— o si se suma alguno de los programas paralelos que gestiona la misma dirección general: los itinerarios de inserción con entidades sin ánimo de lucro y los incentivos por contratar en el mercado ordinario. La nota no lo aclara.
La comprobación tampoco es sencilla. La Comunidad publica cada trimestre en el BOCM, como exige el artículo 7.4 de la Ley 2/1995, la relación de subvenciones concedidas con beneficiario e importe. En el listado del tercer trimestre de 2025, de 169 páginas, las líneas de inserción apenas registran movimiento: una concesión de 3.000 euros a un centro especial de empleo y dos a entidades sin ánimo de lucro, de 4.000 y 14.226 euros. Las concesiones del programa cayeron en otro trimestre. La transparencia formal existe; la lectura, no.
¿Servicio encubierto? Qué dice la ley
La forma del programa —dinero público que va a organizaciones privadas, muchas de ellas promovidas por ONG, para atender a personas vulnerables— se parece a la de un servicio público externalizado. Jurídicamente no lo es, y la diferencia no es un tecnicismo.
El artículo 2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones define la subvención como una entrega de dinero sin contraprestación directa a la Administración. Ese es el test. Aquí la Comunidad de Madrid no recibe ningún servicio a cambio: quien contrata a la persona es la empresa, y lo que esa empresa produce —la carne que corta, la fruta que vende, los menús que sirve— se vende a clientes privados en el mercado. Si la Administración comprara ese trabajo, sería un contrato y habría pliegos, precio y mesa de contratación.
La cobertura normativa es expresa: la Ley 44/2007 crea la figura; el Real Decreto 818/2021 incluye estas ayudas entre los programas comunes de políticas activas de empleo, con dos artículos, el 62 y el 63, dedicados a subvencionar costes salariales y personal técnico en empresas de inserción; y en derecho europeo encajan en el Reglamento (UE) 651/2014, que permite ayudar a la contratación de trabajadores desfavorecidos sin autorización previa de Bruselas. El esquema es el mismo en todas las comunidades autónomas.
Sí existe una figura irregular, la contratación encubierta: subvencionar a una entidad para que preste un servicio que la propia Administración necesita, esquivando la Ley de Contratos. Sus indicios son que el resultado lo reciba la Administración, que esta dirija la ejecución y que la entidad actúe como proveedor. Nada de eso aparece en esta convocatoria, donde lo que se justifica son nóminas, contratos, informes de vida laboral e itinerarios firmados por el trabajador. Su control corresponde a la Cámara de Cuentas.
Hay un detalle que sí conviene retener: las ayudas 2 y 3, las de personal técnico y gerencia, pueden cobrarlas directamente las entidades promotoras, es decir, las ONG que están detrás de las empresas de inserción, y no solo las empresas. Son 1,63 millones de los 6,66.
Y existe la vía contraria, la que sí sería compra pública: los contratos reservados de la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público, que permiten licitar servicios reales —limpieza, jardinería, residuos— restringiendo la competencia a empresas de inserción y centros especiales de empleo. Ahí la empresa cobraría por un trabajo, con pliegos y control de ejecución, y tendría facturación estable en vez de depender de una convocatoria anual. Cuántos contratos reserva la Comunidad de Madrid y por qué importe es una cifra que no consta en ningún balance público junto a estos 6,66 millones.
Lo discutible de este programa, en suma, no es su legalidad: es su diseño. Reparto por orden de llegada, sin criterios de resultado, con periodo subvencionable retroactivo y sin publicación agregada de cuánta gente termina trabajando fuera.
Qué falta por saber
Lo esencial: cuánta gente acaba trabajando en el mercado ordinario. Las empresas están obligadas a declarar ese grado de inserción en su balance social anual y la orden exige a los técnicos de orientación un mínimo de cuatro actuaciones mensuales con cada persona y un informe de derivación al empleo. Nada de eso se publica de forma agregada, y ninguna de las tres líneas principales premia obtener mejores resultados.
El siguiente hito es la resolución de la convocatoria, que debe dictarse dentro de los cuatro meses siguientes al 14 de julio, fecha del extracto en el BOCM, y publicarse con la relación de beneficiarios y la fuente de financiación de cada subvención. Ahí se sabrá cuántas empresas concurrieron, cuántas se quedaron fuera por agotamiento del crédito y cuántos puestos se han financiado realmente.
Quedan otros tres frentes abiertos. El desglose municipal de las empresas beneficiarias, que permitiría saber si alguna opera en el Corredor del Henares —conviene recordar que Azuqueca y Guadalajara quedan fuera de este programa por ser Castilla-La Mancha—. El volumen de contratos reservados que la Comunidad adjudica a estas empresas, la otra pata del apoyo público. Y las condiciones de la cesión del edificio municipal que ocupa el Mercado Escuela, un expediente que no es de la Comunidad sino del Ayuntamiento de Madrid.
Fuentes consultadas
- Nota de prensa de la Dirección General de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid, 26 de agosto de 2026.
- Orden de 2 de julio de 2026 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para 2026 las subvenciones del programa de inclusión laboral mediante ayudas a las empresas de inserción (texto completo publicado en comunidad.madrid).
- Extractos de la convocatoria en el BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026.
- Orden de 8 de julio de 2025, de la misma consejería, con las bases reguladoras del programa.
- Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, y Decreto 32/2003, de 13 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (artículos 2 y 20.8); Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid (artículos 4.3 y 7.4); Real Decreto 818/2021, de programas comunes de políticas activas de empleo (artículos 62 y 63); Reglamento (UE) 651/2014 de exención por categorías; y disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, sobre contratos reservados.
- Resolución de 6 de octubre de 2025 de la Dirección General del Servicio Público de Empleo, con la relación de subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2025 (BOCM núm. 251, de 21 de octubre de 2025).
- Portal de la Comunidad de Madrid, sección de empresas de inserción y registro administrativo (actualizada el 14 de julio de 2026), y catálogo de empresas calificadas de mayo de 2026.
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de julio de 2026 sobre la dotación de las líneas financiadas con fondos estatales.
- FAEDEI, Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción, y AMEI, Asociación Madrileña de Empresas de Inserción.
- EAPN, XV Informe «El estado de la pobreza. Comunidad de Madrid» (octubre de 2025), con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 del INE.
- Informe de CCOO Madrid sobre la pobreza en la región (octubre de 2025), para los datos de la Renta Mínima de Inserción.
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