El Gobierno corrige de 2.900 a 1.410 los menores filiados en Ceuta. Sin ese censo no cabe ni repatriarlos ni repartirlos.
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| Cinco cifras oficiales sobre el mismo asunto en dos semanas: de los 2.900 menores identificados que anunció el vicepresidente Carlos Cuerpo el lunes a los 1.410 filiados que dio el ministro Ángel Víctor Torres dos días después. | Infografía: La Crónica del Henares. |
Alcalá de Henares, 27 de agosto de 2026
El Gobierno ha corregido en dos días la cifra de menores no acompañados que hay en Ceuta: de 2.900 a poco más de 1.400. La explicación oficial es que un mismo niño generaba varios expedientes. Sin ese censo no cabe ni repatriarlos ni repartirlos.
Por qué importa
- Las dos soluciones que se enfrentan en el debate público —devolverlos a Marruecos o repartirlos entre comunidades— exigen exactamente lo mismo como paso previo: un expediente individual por cada menor.
- El Tribunal Supremo ya anuló las devoluciones de 2021 por hacerlas en bloque. La sentencia no prohíbe repatriar: prohíbe repatriar sin expediente.
- Los centros de retorno en terceros países que impulsa la UE excluyen expresamente a los menores no acompañados. Para los de Ceuta, esa vía no existe.
Cinco cifras en dos semanas
El 13 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estimó en unos 5.000 los migrantes en situación irregular que quedaban en Ceuta, de ellos 1.898 menores. El 18 de agosto, la Policía Nacional elevó el registro a 2.168, advirtiendo de que no era una cifra definitiva. El lunes 24, tras reunirse en Ceuta con el presidente de la ciudad autónoma, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó que el Ejecutivo tenía identificados a 2.900.
Y el miércoles 26 la cifra bajó a la mitad. Fuentes gubernamentales la situaron en 1.500 y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la dejó en 1.410 filiados, reconociendo que no manejan un número definitivo y que «todavía quedan menores en la calle».
La explicación que dio el Ministerio del Interior es la parte importante de la noticia: la Policía Nacional depuró los registros informáticos al detectar que varios trámites realizados sobre un mismo niño figuraban como expedientes distintos. No sobraban niños: sobraban expedientes.
Conviene precisar que las cinco cifras no miden exactamente lo mismo. Una cuenta menores entre los irregulares, otra menores registrados por la Policía, otra identificados y las dos últimas filiados. Esa imprecisión terminológica no es un detalle de estilo: indica que ni siquiera está fijado qué se está contando. Y el propio Gobierno admite que el número volverá a subir conforme se cierren las identificaciones pendientes.
Un mismo niño, varios expedientes
Que un menor generara tres o cuatro registros no es una anécdota informática. Describe un sistema en el que cada paso —la reseña policial, la declaración de desamparo, el ingreso en un recurso de acogida, la prueba de determinación de la edad— se anotaba sin cruzarse con los anteriores, en una comisaría desbordada por miles de personas que llegaron el mismo día.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lleva semanas describiendo ese cuello de botella sin llamarlo así. Sostiene que la prioridad debe ser el retorno —«que vuelvan todos»— pero añade que «esto es una cuestión de medios: hacen falta más funcionarios de extranjería, policías, intérpretes, más jueces, fiscales, más de todo para acelerar los trámites». Su gobierno pedirá formalmente al Estado que asuma las competencias sobre estos menores, hoy en manos de la ciudad autónoma, y se ha negado a ceder los polideportivos municipales para alojarlos.
El desacuerdo sobre las magnitudes va más allá de los menores. El Gobierno ceutí calcula que entre 8.000 y 11.000 migrantes permanecen aún en la ciudad; el Ejecutivo central maneja cifras muy inferiores. De las aproximadamente 72.000 personas que, según las estimaciones españolas, entraron en Ceuta el 30 de julio, casi todas han sido ya devueltas a Marruecos.
Lo que dijo el Supremo, y lo que no dijo
El Tribunal Supremo declaró ilegales las devoluciones masivas de menores a Marruecos ejecutadas tras la crisis de 2021, por la «absoluta inobservancia» de las garantías que establece la ley de extranjería, entre ellas el examen individual de las circunstancias de cada menor.
La palabra decisiva de esa sentencia no es «devolución», es «masiva». El acuerdo bilateral firmado entre España y Marruecos en 2007 facilita el retorno concertado de menores, pero no crea un procedimiento paralelo ni sustituye al de la ley de extranjería: el expediente sigue siendo español y sigue exigiendo examen individual, informe del Ministerio Fiscal, audiencia al menor, verificación de que en origen hay familia o servicio de protección que lo reciba, resolución motivada y posibilidad de recurso.
Por eso la discusión sobre si «se puede o no se puede» devolver está mal planteada. Se puede, uno a uno, con expediente. Lo que no se puede es hacerlo en autobús.
Bruselas avala el retorno, pero no por la vía que se anuncia
La Comisión Europea se pronunció el 18 de agosto. Su portavoz, Markus Lammert, defendió el rápido retorno de todas las personas que permanecen de forma irregular en Ceuta y precisó que las devoluciones están amparadas por la directiva de retorno y por el futuro reglamento europeo, que prevé también la devolución de los menores no acompañados. El comisario Magnus Brunner ofreció el despliegue de Frontex y Europol.
Ahora bien, conviene no confundir eso con los centros de retorno en terceros países, la fórmula de la que más se habla. El Parlamento Europeo aprobó el nuevo reglamento de retorno el 17 de junio de 2026 por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, y en el texto pactado con el Consejo los menores no acompañados quedan excluidos expresamente de la posibilidad de ser derivados a esos centros. La regla es distinta para las familias con niños, que sí podrían serlo, y ese es uno de los puntos más discutidos de la norma.
Es decir: para los menores de Ceuta, el instrumento europeo del que se habla no está disponible por definición. Lo que Bruselas respalda es el retorno ordinario a Marruecos, expediente a expediente.
Más caro y menos eficaz de lo anunciado
La experiencia disponible tampoco acompaña. El centro de estudios europeo CEPS calcula que el esquema italiano en Albania ha costado alrededor de 700 millones de euros en cinco años con las instalaciones prácticamente vacías, y recuerda que tanto la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE como el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa advirtieron de que las garantías exigidas por el derecho europeo e internacional son tan estrictas que casi nadie podría ser trasladado.
Cinco Estados miembros corren ahora por levantar centros antes de que las nuevas reglas entren en vigor, con Uganda y Ruanda entre los emplazamientos que se manejan, pero los casos recientes apuntan a obstáculos legales y prácticos y a cifras reales muy alejadas de las expectativas.
El reparto, atascado por el mismo sitio
La alternativa interna tampoco avanza. El Gobierno convocó para el 27 de agosto una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para debatir la reubicación de los menores de Ceuta, con una transferencia de 25 millones de euros a la ciudad autónoma para su acogida y cuidado. Los gobiernos autonómicos del PP se oponen al sistema de reparto, y Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde gobiernan con Vox, rechazaron acudir. La mayoría de comunidades alega que su capacidad de acogida está sobrepasada.
Y aquí se cierra el círculo. Quien defiende devolverlos y quien defiende repartirlos coinciden sin querer en un requisito previo: saber cuántos son y quién es cada uno. Ese trabajo es el que se ha atascado. Mientras no exista, ninguna de las dos posiciones puede ejecutarse y ambas pueden seguir acusándose de bloquear a la otra indefinidamente.
No es, por tanto, un callejón sin salida jurídico. Es una salida que pasa por gastar dinero en administración —funcionarios de extranjería, intérpretes, fiscales y jueces— que es la partida menos rentable políticamente de todas y la única que desatasca las dos vías a la vez.
Qué viene ahora
La conferencia sectorial se celebra este jueves, con la ausencia anunciada de tres comunidades y la oposición del resto de gobiernos del PP al reparto. El Ministerio del Interior admite que la cifra de menores filiados seguirá subiendo. Y queda por saber lo esencial: cuántos expedientes individuales de repatriación se han incoado desde el 30 de julio y cuántos ha aceptado Marruecos. Ninguna de las dos cifras se ha hecho pública.
Fuentes consultadas
- Rueda de prensa de la Comisión Europea, declaraciones del portavoz Markus Lammert (18 de agosto de 2026), recogidas por Euronews.
- Declaraciones públicas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo; y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (agosto de 2026).
- Balances de la Policía Nacional y fuentes del Ministerio del Interior sobre la depuración de registros (18 y 26 de agosto de 2026).
- Declaraciones del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recogidas por Ara y OKDiario.
- Sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de menores de 2021, y Acuerdo entre España y Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado (2007).
- Reglamento europeo de retorno: votación del Parlamento Europeo de 17 de junio de 2026 y acuerdo con el Consejo.
- CEPS, «Return hubs don't return people – they detain them out of reach» (2026); Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, documento de posición sobre return hubs (2025); Euronews, análisis sobre los centros de retorno (26 de agosto de 2026).
