Renovables hora a hora, PUE de 1,15 y agua tasada: qué propone el Gobierno para los centros de datos y por qué abre otro frente con las CCAA.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Renovables hora a hora para los centros de datos: qué gana España, qué arriesga y por qué las comunidades ya han saltado

Madrid, 27 de agosto de 2026

El Gobierno ha sacado a audiencia pública un real decreto que exigirá a los nuevos centros de datos respaldar con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad que consuman. El plazo de alegaciones se cierra el 4 de septiembre: siete días. Aragón y Extremadura ya han anunciado que alegarán en contra.

No es un porcentaje anual, es horario. En cada hora de funcionamiento, el 80% de lo consumido debe haberse generado esa misma hora con renovables nuevas.
La palanca no es urbanística: es el enchufe. El decreto condiciona el acceso a la red eléctrica, competencia del Estado, no las licencias que dan las comunidades.
El agua se regula por eficiencia, no por volumen. Se fija un tope de consumo por unidad de energía, no un límite a los hectómetros que puede gastar una instalación.
Frente abierto. Dos gobiernos autonómicos del PP acusan al Ejecutivo de actuar «de espaldas» a los territorios.

Por qué importa aquí

Madrid es el principal nodo de centros de datos de España, y el Corredor del Henares reúne justamente lo que estos proyectos buscan: suelo industrial, subestaciones y fibra. Cualquier instalación nueva de más de un megavatio de potencia de acceso que se plantee en la comarca quedaría sujeta a estas reglas.

Qué se propone exactamente

El proyecto lo firman conjuntamente los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Economía, Comercio y Empresa y de Transformación Digital y Función Pública. El Consejo de Ministros acordó el martes 25 su tramitación por la vía de urgencia, en cumplimiento del mandato recogido en el Real Decreto-ley 7/2026, de marzo, del plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio.

Las obligaciones principales se aplican a nuevos centros con potencia de acceso igual o superior a 1 MW que se conecten tras la entrada en vigor. No afecta a los que ya están operando.

En materia energética. El 80% del consumo debe respaldarse con renovables de nueva implantación y acreditarse hora a hora. Es el mismo esquema de adicionalidad y correlación horaria que ya se aplica al hidrógeno renovable y a los combustibles renovables de origen no biológico.

En eficiencia. Se exigirá el máximo nivel —la categoría A— del etiquetado europeo de centros de datos que prepara la Comisión y que entra en vigor en agosto de 2027, tanto en eficiencia energética como hídrica. Hasta entonces, esos mismos niveles serán de obligado cumplimiento. En la práctica, según el borrador, hablamos de un PUE máximo de 1,15 y un WUE de 0,1 litros por kilovatio-hora.

En soberanía digital. El operador debe estar establecido en la Unión Europea, los datos y metadatos de la operación deben permanecer en territorio comunitario y hay que controlar de forma efectiva los accesos desde terceros países, mediante declaración responsable.

En transparencia. Los centros de más de 500 kW deberán remitir al Ministerio datos de consumo eléctrico, procedencia renovable, consumo de agua total y potable, tipo de refrigerantes e impacto socioeconómico, para su publicación anual.

Cómo se garantiza el cumplimiento

Esta es la pregunta que más se ha repetido, y la respuesta tiene un giro: no depende de las comunidades autónomas en ningún momento.

El decreto no toca las licencias urbanísticas ni las autorizaciones ambientales, que sí son autonómicas y municipales. Actúa sobre los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, que se rigen por la legislación estatal del sector eléctrico. El mecanismo tiene tres tiempos:

Antes de conectar. Para obtener los derechos de acceso y conexión hay que acreditar el cumplimiento de los requisitos.
Durante la operación. La acreditación horaria es continua, no un certificado de una vez.
Si se incumple. Se aplican penalizaciones crecientes en cargos y peajes y, en última instancia, la pérdida del propio derecho de acceso. Los recargos están pensados para compensar al sistema el sobrecoste que el incumplimiento trasladaría a la factura eléctrica del resto.

Dicho de otro modo: el Estado no necesita que las comunidades hagan cumplir nada. Le basta con controlar el enchufe.

Los proyectos ya en tramitación tendrán seis meses para adaptarse —tres si están a la espera de un concurso de acceso— o podrán renunciar a sus derechos sin que se ejecuten las garantías.

Los argumentos a favor

Hay una avalancha real que ordenar. La Estrategia de Inteligencia Artificial del Gobierno estimaba unos 2,5 GW de potencia de computación para 2030. La realidad la ha desbordado: se manejan cifras de más de 12 GW de acceso concedidos desde 2021 y de más de 6 GW desde el Real Decreto-ley 8/2023, según qué fuente y qué punto de partida se tome. En cualquiera de las dos versiones, lo concedido multiplica lo previsto. Cuando la demanda supera con creces la capacidad, alguien tiene que elegir. La alternativa a unos criterios publicados es el orden de llegada.

La adicionalidad evita el canibalismo. Sin ese requisito, un centro de datos puede firmar un contrato con una planta solar existente y presentarse como renovable sin que haya un megavatio limpio más en el sistema. Exigir generación nueva obliga a que la demanda traiga su propia oferta.

Protege la factura. El precedente que cita el propio sector es Irlanda, donde la demanda de los centros de datos tensionó los precios eléctricos. Los recargos buscan que el sobrecoste no acabe repartido entre todos los consumidores.

No es retroactivo y da plazos de adaptación a lo que está en marcha.

Y añade transparencia donde casi no había. Hasta ahora, el consumo de agua de estas instalaciones en España era prácticamente un dato privado.

Los argumentos en contra

La correlación horaria es durísima. Cubrir el 80% de cada hora con renovables generadas esa misma hora significa resolver las noches, cuando no hay sol. Solo es viable con eólica, almacenamiento a gran escala o una cartera compleja de contratos, y eso encarece. Ningún otro país de la Unión impone hoy correlación horaria a los centros de datos. El riesgo de que las inversiones se desvíen a Portugal, Francia o Italia es el argumento central del sector.

Siete días de alegaciones, en agosto. La tramitación urgente está amparada por el mandato del Real Decreto-ley 7/2026, pero ese mandato lleva cinco meses sobre la mesa. Un plazo tan corto para una norma que reordena miles de millones de inversión es difícil de defender por la vía de la urgencia sobrevenida.

El PUE de 1,15 es exigente y arrastra una contradicción. Reducir el consumo de agua empuja hacia la refrigeración por aire, que gasta más electricidad; reducir la electricidad empuja hacia la refrigeración por agua. Exigir simultáneamente lo mejor en las dos variables obliga a soluciones caras —refrigeración líquida directa al chip, free-cooling, recuperación de calor residual— que encarecen la instalación.

La discrecionalidad del criterio de madurez. Que tres ministerios valoren qué proyectos están «maduros» para acceder a la red es, según las comunidades, una puerta abierta a decisiones arbitrarias. Es la objeción más seria y la que probablemente acabe en los tribunales si no se objetivan los criterios en el texto final.

Y el agua se queda a medias. El decreto fija cuánta agua se puede gastar por unidad de energía, no cuánta en total. Un centro muy eficiente pero enorme puede seguir consumiendo mucho. Las concesiones de agua las siguen otorgando las confederaciones hidrográficas o las comunidades, según la cuenca, y este real decreto no las modifica.

¿Otro frente con las comunidades?

Sí, y ya está abierto.

Aragón. La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, reprocha que el Ejecutivo no haya remitido el borrador a las comunidades ni contado con ellas: «En cinco meses no se ha hecho nada», resumió. El Gobierno aragonés sostiene además que el problema de fondo es la planificación insuficiente de la red eléctrica y teme que los nuevos criterios pongan en riesgo inversiones ya avanzadas en la comunidad.

Extremadura. La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, anunció que la Junta alegará porque el Gobierno «no puede actuar de espaldas» a las comunidades, y advirtió del riesgo de «decisiones arbitrarias y discrecionales». Su objeción es concreta: no quiere quedar fuera de la decisión sobre qué proyectos son maduros.

Ambos gobiernos son del PP. Y conviene separar dos críticas que se están presentando juntas:

La procedimental se sostiene. Si el mandato es de marzo y no ha habido contacto previo con los territorios afectados, el reproche es verificable y difícil de rebatir.
La competencial es más débil. El acceso y la conexión a la red eléctrica son competencia estatal. Lo que reclaman las comunidades no es que se respete una competencia suya, sino participar en una que no lo es. Otra cosa es que, políticamente, sea razonable pedirlo cuando la inversión aterriza en su territorio.

La diferencia con otros choques recientes está ahí: aquí el Estado se mueve dentro de su propio terreno. Eso no evita el conflicto, pero cambia el terreno en que se libra: no es un pleito de competencias, es un pulso por quién decide dónde se invierte.

Lo que falta por saber

Si los criterios de madurez quedarán objetivados en el texto final o seguirán siendo valoración ministerial.
Cómo se acreditará técnicamente la correlación horaria y quién certificará esos datos.
Cuántos proyectos hay en tramitación en la Comunidad de Madrid y cuántos de ellos en el Corredor del Henares. No hay listado público.
Si el plazo de alegaciones se ampliará, algo que el sector ya ha pedido de forma implícita al reclamar «plazos realistas».
Qué dice el Consejo de Estado, cuyo dictamen será preceptivo antes de la aprobación definitiva.

Datos de servicio

Qué: proyecto de real decreto sobre requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos.
Plazo de alegaciones: del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2026.
Dónde alegar: portal de participación pública del MITECO, área de energía.
A quién afecta: nuevos centros de datos de 1 MW o más de potencia de acceso. Obligaciones de información desde 500 kW.
Requisitos energéticos: 80% del consumo con renovables nuevas, acreditado hora a hora.
Requisitos de eficiencia: categoría A del etiquetado europeo desde agosto de 2027. PUE máximo de 1,15 y WUE de 0,1 l/kWh según el borrador.
Sanciones: recargos crecientes en cargos y peajes y pérdida del derecho de acceso.
Norma habilitante: Real Decreto-ley 7/2026, disposición adicional primera.

Fuentes consultadas

Europa Press. «El Gobierno lanza a audiencia pública el proyecto para exigir consumo energético renovable a centros de datos», 27 de agosto de 2026.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Audiencia e información pública del proyecto de real decreto: https://www.miteco.gob.es/es/energia/participacion.html
Forbes España. Detalle de los recargos, la adicionalidad y los plazos de adaptación de los proyectos en tramitación: https://forbes.es/ultima-hora/1005253/el-gobierno-exigira-que-el-80-del-consumo-energetico-de-los-centros-de-datos-sea-de-generacion-renovable/
El Economista. Cifras de potencia concedida, obligaciones de información y contenido de soberanía digital: https://www.eleconomista.es/energia/noticias/14009914/08/26/el-gobierno-complica-la-construccion-de-centros-de-datos-el-80-del-consumo-electrico-debera-proceder-de-nuevas-renovables.html
Caloryfrio.com. Umbrales técnicos de PUE y WUE y tecnologías de refrigeración implicadas: https://www.caloryfrio.com/noticias/normativas/espana-frenar-impacto-energetico-centros-de-datos-estas-son-las-nuevas-condiciones-que-plantea.html
Idealista News. Alcance del etiquetado europeo y umbral de 1 MW: https://www.idealista.com/news/inmobiliario/activos-alternativos/2026/08/27/911425-la-regulacion-de-los-centros-de-datos-sale-a-audiencia-publica-el
Forbes España. Valoración de Spain DC, asociación española de centros de datos: https://forbes.es/ultima-hora/1006332/spain-dc-pide-una-regulacion-para-los-centros-de-datos-proporcionada-que-no-reste-competitividad-a-espana/
El Español, edición de Aragón. Declaraciones de Eva Valle, consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, 26 de agosto de 2026: https://www.elespanol.com/aragon/economia/20260826/aragon-carga-plan-gobierno-regular-boom-centros-datos-no-planifican-ahora-erigen-arbitros/1003744363380_0.html
Región Digital y El Periódico de la Energía. Declaraciones de Mercedes Morán, consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, 27 de agosto de 2026: https://www.regiondigital.com/noticias/portada/434470-junta-alegara-contra-proyecto-rd-que-regulara-requisitos-para-implantar-centros-de-datos.html
Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, sobre indicadores de sostenibilidad de centros de datos, y Directiva de Eficiencia Energética, artículo 12.