Fedea calcula que Cataluña recibió 450 euros por habitante para competencias singulares en 2023 y Castilla-La Mancha, 8. Por qué es tan dispar.
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| Cataluña recibió en 2023 unos 450 euros por habitante para pagar sus competencias singulares y Castilla-La Mancha, 8. La media del régimen común fue de 185 euros y el reparto total, 8.319 millones. | Infografía: La Crónica del Henares, con datos de Fedea (2026). |
Madrid, 31 de agosto de 2026
Cataluña recibe 450 euros por habitante y Castilla-La Mancha 8: el reparto que Hacienda no publica
Cada español paga una parte de servicios que solo prestan algunas comunidades. Ese reparto movió 8.319 millones de euros en 2023 y va de los 450 euros por habitante de Cataluña a los 8 de Castilla-La Mancha. Fedea sostiene que ni siquiera está bien calculado.
- La cifra no mide privilegio, mide cuántas competencias raras tiene cada uno. Cataluña paga con ese dinero su policía, sus cárceles y su tráfico; en Castilla-La Mancha eso lo paga el Estado directamente.
- El problema real es otro: el mismo servicio se valora de forma muy distinta según el territorio. En Justicia, Asturias recibe 81,8 euros por habitante y Galicia 35,5.
- Y es un debate a ciegas: el Ministerio de Hacienda no publica con regularidad el detalle del reparto, así que las diferencias resultan, en palabras del informe, «prácticamente invisibles» incluso para los analistas.
Qué es exactamente una «competencia singular»
Las quince comunidades de régimen común —todas menos País Vasco y Navarra, que van por el cupo y el convenio— gestionan un núcleo común de servicios: sanidad, educación y servicios sociales. Eso es lo homogéneo, y es lo que se reparte con la fórmula de población ajustada de la que tanto se habla.
Pero además hay un puñado de atribuciones que solo han asumido algunas autonomías. Son las competencias singulares o no homogéneas. La lista incluye la policía autonómica, las instituciones penitenciarias, el personal al servicio de la Administración de Justicia (traspasado a diez comunidades), la normalización lingüística en las cuatro con lengua cooficial que la tienen transferida, los hospitales provinciales, los profesores de religión y la participación provincial en los ingresos del Estado que perciben las autonomías uniprovinciales, que absorbieron su diputación.
Esas competencias no entran en la fórmula general. Se financian aparte, y ahí empieza el lío.
Cómo se pone el precio: el «coste histórico»
Cuando el Estado traspasa un servicio, calcula lo que le estaba costando en ese momento y esa cantidad pasa a la comunidad. Es lo que se llama coste efectivo o coste histórico. Después se integra en el Fondo de Suficiencia Global y evoluciona con los ingresos tributarios del Estado, salvo revisión pactada.
El procedimiento, escribe Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y autor del informe, «está pensado para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios tras su traspaso». El pero llega inmediatamente después: eso no asegura una valoración coherente de la misma competencia en territorios distintos «y, por tanto, tampoco una calidad similar del servicio».
Dicho de otro modo: lo que cobra hoy una comunidad depende de cuánto gastaba el Estado allí el año en que se firmó el traspaso, y de cómo se negoció aquel papel. Dos comunidades con el mismo servicio pueden acabar con dotaciones que se diferencian en el doble.
Los números del reparto
Fedea trabaja con la liquidación de 2023, la última cerrada. El resultado por habitante:
| Comunidad | Euros por habitante | Índice (media = 100) |
|---|---|---|
| Cataluña | 450 | 243,4 |
| Cantabria | 320 | 172,7 |
| La Rioja | 318 | 171,8 |
| Madrid | 220 | 118,9 |
| Media del régimen común | 185 | 100 |
| Galicia | 163 | 88,2 |
| Extremadura | 11 | — |
| Castilla y León | 9 | — |
| Castilla-La Mancha | 8 | — |
En volumen absoluto, Cataluña concentra 3.563 millones, el 42,8% del total. Le siguen Madrid, con 1.509 millones, y Andalucía, con 1.184. La Comunidad Valenciana se queda en 465 millones y Galicia en 440. Castilla-La Mancha recibió 17 millones, el 0,2% del reparto, y ocupa el puesto 14 de 15.
Por partidas, la más cara del sistema es la policía autonómica catalana, con más de 1.855 millones al año. Detrás van el personal de la Administración de Justicia (unos 1.765 millones repartidos entre diez comunidades), la participación provincial en los ingresos del Estado (1.329), la normalización lingüística (813), los hospitales provinciales (606) y las instituciones penitenciarias de Cataluña (603).
Por qué la brecha no significa lo que parece
Aquí conviene frenar, porque el dato se ha convertido en munición política en cuestión de días y admite dos lecturas muy distintas.
La primera parte de la explicación es aritmética y el propio informe la subraya: Cataluña es la comunidad de régimen común que más competencias singulares ha asumido, y algunas especialmente caras. Con esos 450 euros por habitante paga a los Mossos d'Esquadra, las prisiones catalanas y el control del tráfico. En Castilla-La Mancha esos tres servicios los presta el Estado y los paga con cargo a los Presupuestos Generales, sin pasar por la caja de la Junta. Más dinero por competencias singulares no equivale a estar mejor financiado, y Fedea lo dice expresamente.
La segunda parte es la que sostiene el informe y la que resulta difícil de defender: el mismo servicio se paga a precios distintos sin razón aparente. Los ejemplos que ofrece el estudio son concretos:
- Administración de Justicia, transferida a diez comunidades: Asturias, 81,8 euros por habitante; La Rioja, 76,6; Cataluña, unos 51, apenas por encima de los 48 de media; Comunidad Valenciana, 37,7; Galicia, 35,5. Un abanico de más de 80 puntos de índice.
- Profesores de religión, medido por alumno en edad escolar: Asturias, 88,7 euros; Murcia, 76,2; Galicia, 62,1; Castilla-La Mancha, 49,4; frente a una media de 44,6 y a los 29,2 de Baleares y los 20 de Cataluña. Más de 150 puntos de diferencia.
- Competencias provinciales: Madrid, 136 euros por habitante; Extremadura, 367. En índices, el abanico va de los 61,7 puntos de Madrid a los 166,9 de Extremadura.
No hay ninguna teoría razonable según la cual un juzgado asturiano cueste más del doble que uno gallego por habitante, ni por la que un profesor de religión valga cuatro veces más en Oviedo que en Barcelona. Son, en el lenguaje del informe, «valoraciones muy dispares e incoherentes» para un mismo servicio.
Un debate que se hace sin los datos delante
El tercer reproche de Fedea no va contra el reparto, sino contra la oscuridad en que se produce: Hacienda no publica de forma regular el detalle de lo que recibe cada comunidad por cada competencia singular. Sin esa información, las diferencias son «prácticamente invisibles para el público general e incluso para los analistas».
Es un matiz importante para calibrar el ruido de estos días. Los 450 frente a los 8 se han citado ya como agravio en boca de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Ninguno de los dos discute la parte del informe que explica la brecha por el número de competencias asumidas. La discusión sobre si el precio de cada una está bien puesto —que es la tesis del estudio— exige unos datos que el Ministerio no pone encima de la mesa.
Qué propone Fedea
El informe no pide suprimir las competencias singulares, sino ordenarlas, y sitúa el momento en la reforma del sistema de financiación autonómica que ahora se negocia:
- Revisar el listado completo de competencias singulares y la valoración económica de cada una.
- Reducir gradualmente las diferencias en aquellas que previsiblemente acabarán asumiendo todas las comunidades, acercando su financiación a los criterios ordinarios, es decir, a la población ajustada.
- Fijar un estándar de referencia y publicarlo con regularidad, para poder detectar diferencias reales de calidad del servicio entre las comunidades que tienen una competencia y las que no.
- Reasignar competencias, en algún caso, entre comunidades autónomas y corporaciones locales.
Son recomendaciones alineadas con las de la Comisión de Expertos de 2017, cuyo informe sigue sin aplicarse. De la Fuente ya había desaconsejado en agosto la fórmula que baraja el Gobierno para este capítulo —ceder un porcentaje adicional del IVA para financiar las competencias no homogéneas—, por entender que resta transparencia al sistema y complica su integración futura en el modelo general.
Datos de servicio
- Informe: de la Fuente, Á. (2026). Sobre la financiación de las competencias singulares. Fedea, Colección Apuntes n.º 2026-21, Madrid. Publicado el 26 de agosto de 2026.
- Datos: liquidación del sistema de financiación autonómica de 2023, la última cerrada.
- Ámbito: las quince comunidades de régimen común. Quedan fuera País Vasco y Navarra.
- Dónde consultarlo: ficha del trabajo y PDF en la web de Fedea (fedea.net) y en su repositorio de documentos.
- Órgano donde se negocia: Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Ministerio de Hacienda.
El viernes 4 de septiembre el CPFF vuelve a reunirse, convocado por Arcadi España, ministro de Hacienda, para debatir y votar la propuesta de reforma del sistema de financiación. La cita ya se aplazó una vez, desde el 29 de julio, a petición de las comunidades gobernadas por el PP. Si el texto sale adelante, iría al Consejo de Ministros y después al Congreso; Hacienda quiere cerrar la tramitación antes de que acabe 2026.
La revisión de las competencias singulares no está en el orden del día de esa reunión. Ese es, exactamente, el hueco que señala Fedea.
Más en La Crónica del Henares: Economía →
Fuentes consultadas
- Fedea. Sobre la financiación de las competencias singulares, de Ángel de la Fuente. Colección Apuntes n.º 2026-21, 26 de agosto de 2026. Ficha en fedea.net y PDF en documentos.fedea.net (
ap2026-21.pdf). Ambos dominios bloquean el acceso automatizado, por lo que las cifras de este trabajo proceden de la nota de prensa de Fedea y de la cobertura que reproduce las tablas del informe. - Nota de prensa de Fedea de 26 de agosto de 2026 sobre la publicación del trabajo.
- Europa Press, teletipo del 29 de agosto de 2026 sobre el reparto por comunidades, reproducido por La Cerca, Cantabria Económica, El Correo de Burgos y Pressdigital.
- El Español / Invertia, «Por qué la policía autonómica y otras competencias singulares disparan la desigualdad en la financiación de las CCAA», 27 de agosto de 2026.
- El Español / El Digital de Castilla-La Mancha, «Castilla-La Mancha, a la cola en competencias singulares», 30 de agosto de 2026.
- El Correo Gallego, «El coste histórico penaliza a Galicia en los fondos para competencias singulares», 27 de agosto de 2026.
- elEconomista, «Fedea cuestiona el cálculo de la financiación de las competencias asumidas por Cataluña o Andalucía», 25 de agosto de 2026, y «Cataluña fue la comunidad que más dinero recibió por las competencias singulares», 29 de agosto de 2026.
- Agencia EFE / Infobae, «Fedea pide "dar otra vuelta" a la propuesta del Gobierno sobre financiación autonómica», 17 de agosto de 2026.
- Ministerio de Hacienda: convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 4 de septiembre de 2026 y comunicación oficial sobre el aplazamiento de la reunión del 29 de julio.
