El Salvador gasta 3,78 dólares al día por preso y tiene un 261 % de hacinamiento. Por qué encerrar sale barato y la justicia no.
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| El Salvador mantiene a 1.963 presos por cada 100.000 habitantes con un coste estimado de 3,78 dólares diarios, y su Órgano Judicial recibe un tercio de lo que reciben Seguridad y Defensa. | Infografía: La Crónica del Henares, con datos de la Asamblea Legislativa de El Salvador. |
Alcalá de Henares, 29 de agosto de 2026
Un preso salvadoreño le cuesta al Estado unos 3,78 dólares al día. Esa cifra explica por qué media América Latina quiere una macrocárcel: encerrar en masa no sale más barato que la puerta giratoria, pero sale más rápido que construir una justicia que funcione.
LAS CLAVES
- El CECOT costó 115 millones de dólares, pero el gasto real está en sostener a más de 118.000 presos año tras año.
- El Salvador eliminó en diciembre de 2025 el suelo constitucional del presupuesto judicial mientras subía un 14,8 % el de Seguridad y Defensa.
- De las 16 macrocárceles anunciadas en diez países desde 2023, muy pocas han llegado a existir.
La cifra de los 3,78 dólares diarios no es oficial. Es una estimación de la revista de investigación centroamericana Expediente Público, que dividió el refuerzo presupuestario de 149,5 millones de dólares concedido en 2024 a la Dirección General de Centros Penales entre los 109.519 reclusos que entonces tenía el país. El resultado son 1.364,30 dólares por preso y año: unos 113 al mes, menos de cuatro al día. Y el propio medio advierte de que en ese cálculo no entran salarios, alimentación ni servicios, porque el acceso a esa información pública está reservado.
Conviene un punto de comparación. En 2019, antes del régimen de excepción, el entonces director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, detalló que el Estado gastaba 4,35 dólares diarios por interno —2,70 en comida y 1,65 en gastos corrientes— para una población de unos 40.000 presos, lo que sumaba 63,5 millones al año. Siete años después la población reclusa se ha triplicado y el gasto por cabeza no ha subido. Ese es el secreto contable del modelo: no se ahorra encerrando a más gente, se ahorra en cada persona encerrada.
El edificio es lo barato
El Centro de Confinamiento del Terrorismo costó, según reconoció el propio Nayib Bukele, presidente de El Salvador, unos 100 millones de dólares de obra y 115 millones contando el equipamiento tecnológico y el de los guardias. Para 40.000 plazas, eso sale a menos de 3.000 dólares por plaza, un coste unitario que por sí solo describe qué clase de plaza es.
Lo caro nunca fue el ladrillo. Lo caro es el flujo: alimentar, vigilar y custodiar indefinidamente a una población que el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) situaba en junio de 2026 en 118.369 personas, de las cuales 103.837 en cárceles comunes y 14.532 en el CECOT. La tasa resultante, 1.963 reclusos por cada 100.000 habitantes, es la más alta del mundo.
La cuenta que no cuadra
Aquí aparece la primera grieta del relato. La macrocárcel se vendió, entre otras cosas, como la solución al colapso del sistema penitenciario. No lo ha sido. Según el mismo informe del Idhuca, el hacinamiento global alcanza el 261 % incluso contando las plazas del CECOT, que solo está ocupado al 36 % de su capacidad nominal. Y el dato decisivo: aunque el CECOT se llenara del todo, el hacinamiento seguiría rondando el 167 %. El problema, concluyen sus autores, no se resuelve con infraestructura.
Lo que sí ha conseguido
Ninguna crítica al modelo es honesta si esconde sus resultados, y son extraordinarios. El Gabinete de Seguridad salvadoreño cerró 2025 con 82 homicidios en todo el país y una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes, frente a 1,9 en 2024. El fiscal general, Rodolfo Delgado, y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, cifraron en 1.102 los días sin homicidios acumulados durante el mandato de Bukele, 988 de ellos bajo el régimen de excepción, y sostienen que los 82 casos de 2025 fueron todos resueltos. El país que en 2015 llegó a una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes es hoy uno de los más seguros del hemisferio. Eso explica el respaldo social y explica también por qué el debate no lo gana nadie enseñando informes.
La partida que perdió su suelo constitucional
La prueba más clara de que la macrocárcel sustituye a la justicia en vez de complementarla no está en las cárceles, sino en la Ley de Presupuesto. El presupuesto salvadoreño de 2026 asciende a 10.555,6 millones de dólares. Seguridad Pública y Defensa se llevan 1.037,2 millones, un 14,8 % más que el año anterior. Educación recibe 1.641,2 millones y Salud, 1.325.
Pero en diciembre de 2025 la Asamblea aprobó y ratificó una reforma constitucional que eliminó la obligación de destinar el 6 % de los ingresos corrientes del Estado al Órgano Judicial. La Corte Suprema quedó con 369,2 millones, y los 164,2 millones liberados se repartieron entre Educación, Salud, Agricultura, Obras Públicas y Hacienda. Dicho de otro modo: el país que dice combatir el crimen con encierro le quitó a sus tribunales la garantía de financiación que tenían escrita en la Constitución. La justicia salvadoreña dispone hoy de poco más de un tercio de lo que reciben Seguridad y Defensa.
El coste que no aparece en ningún presupuesto
Sin capacidad de investigar y probar delitos, la única forma de encerrar a decenas de miles de personas es no tener que probarlo. De ahí que el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 como medida de treinta días, se haya prorrogado sin interrupción desde entonces. Las cifras oficiales reconocen cerca de 91.000 detenidos y unos 8.000 puestos en libertad tras confirmarse su inocencia.
La organización Socorro Jurídico Humanitario calcula que unas 1.300 personas murieron en centros penales entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, de las que documenta 470 casos; según su análisis, el 94 % de las personas fallecidas que pudo documentar no pertenecía a pandillas. Amnistía Internacional publicó en julio de 2026 un informe en el que sostiene que el coste humano del régimen podría constituir crímenes de lesa humanidad, y describe una detención provisional convertida en medida prácticamente automática, sin valoración individualizada. Ese es el pago aplazado que no figura en ninguna partida.
La cárcel como producto de exportación
Hay un último giro que redondea la aritmética. En marzo de 2025, Estados Unidos transfirió 6 millones de dólares a El Salvador para que custodiara en el CECOT a los deportados enviados desde su territorio; el primer vuelo llevó 261 personas, en su mayoría venezolanos señalados como miembros del Tren de Aragua. Repartida entre poco más de 250 internos, la cifra equivale a unos 23.500 dólares por preso y año: casi diecisiete veces lo que, según la estimación citada, cuesta mantener a un preso salvadoreño. El encierro no solo es barato de producir; también se puede vender.
Contraste: el modelo que no viaja
Si la macrocárcel fuera la causa de la caída de la violencia, exportarla debería producir el mismo efecto. No ocurre. Ecuador copió el manual completo —militarización, estados de excepción, declaración de conflicto armado interno en enero de 2024 y anuncio de cárceles al modelo salvadoreño— y cerró 2025 con 9.216 homicidios, un 30,5 % más que en 2024, uno de los años más violentos de su historia. Las denuncias por extorsión sí bajaron un 40 %, pero los asesinatos se dispararon.
El edificio, además, casi nunca llega. En Ecuador, la única instalación de máxima seguridad realmente operativa es El Encuentro, en Santa Elena, abierta en noviembre de 2025 con capacidad para entre 700 y 1.000 reclusos; la megacárcel de 15.000 plazas anunciada en marzo de 2026 sigue sin construirse. InsightCrime contabiliza 16 macrocárceles propuestas por gobiernos de diez países desde la inauguración del CECOT, y buena parte no ha pasado de la fase de anuncio: la prisión insular de las Islas del Cisne fue descartada en Honduras —el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, la declaró inviable logística y financieramente en mayo de 2026—, la de Ananea, en Puno, ni siquiera se aprobó, y los proyectos autorizados en Panamá, Ecuador y Perú no han empezado.
Las dos excepciones son reveladoras. El Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, en Paraguay, funciona desde agosto de 2025 con poco más de 1.300 plazas, muy lejos de la escala salvadoreña. Y en Costa Rica, el CACCO —construido junto al penal de La Reforma, en Alajuela, con planos donados por El Salvador, 35 millones de dólares y 5.100 plazas— alcanzaba el 89 % de ejecución a finales de agosto de 2026. Pero incluso ahí el préstamo es parcial: a diferencia del CECOT, la cárcel costarricense contempla visitas familiares, encuentros íntimos y llamadas telefónicas breves. Se copia el edificio y la estética; no se copia el régimen interno, y desde luego no se copia el marco legal.
La conclusión razonable es que lo determinante en El Salvador no fue el hormigón, sino el tipo de enemigo que había enfrente: pandillas territoriales, con jerarquía identificable y sin proyección internacional, en un país pequeño donde el Ejecutivo controla todos los contrapesos. Ecuador tiene delante un mercado de exportación de cocaína conectado con mafias europeas. Contra eso, una macrocárcel no es una política de seguridad: es una obra pública.
Qué viene ahora
Tres hitos verificables a corto plazo. En Costa Rica, la inauguración del CACCO, prevista para septiembre de 2026 por la presidenta Laura Fernández, que absorberá alrededor de una cuarta parte de la población reclusa del país. En El Salvador, la prórroga mensual del régimen de excepción y la ejecución del presupuesto de 2026, que dirá si el gasto penitenciario sigue creciendo por debajo del número de presos. Y a más largo plazo, la pregunta que ningún gobierno de la región ha respondido todavía: qué se hace con una generación entera encarcelada el día que empiece a salir.
ADVERTENCIA SOBRE ESTOS DATOS
Esta pieza maneja cifras procedentes de fuentes con intereses contrapuestos y conviene leerlas sabiéndolo. El coste diario por preso es una estimación externa, no un dato oficial: El Salvador mantiene reservada la información presupuestaria detallada del sistema penitenciario, de modo que ninguna cifra de este apartado puede considerarse definitiva.
La comparación entre los 4,35 dólares diarios de 2019 y los 3,78 estimados para 2024-2025 cruza dos metodologías distintas —gasto declarado por la dirección penitenciaria en un caso, presupuesto dividido entre población reclusa en el otro— y sirve como orden de magnitud, no como serie homogénea.
Los datos de homicidios, detenciones y liberaciones proceden del Gobierno salvadoreño y no son verificables de forma independiente. Los de muertes bajo custodia proceden de organizaciones que no tienen acceso a los centros penales y trabajan con denuncias de familiares. Ambas partes tienen posición tomada en el conflicto que narran.
Este medio no ha podido contrastar sobre el terreno ninguno de los extremos descritos. Lo que aquí se ofrece es un análisis de las cifras públicas disponibles a 29 de agosto de 2026, no una verificación de las condiciones de reclusión.
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Fuentes consultadas
- Asamblea Legislativa de El Salvador. Aprobación del Presupuesto General 2026 y comparecencias del Ministerio de Hacienda. asamblea.gob.sv
- Fiscalía General de la República de El Salvador. Balance de seguridad de 2025. fiscalia.gob.sv
- Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca). Informe sobre hacinamiento penitenciario, junio de 2026, difundido por EFE.
- Expediente Público. Estimación del coste por recluso y del acuerdo con Estados Unidos. expedientepublico.org
- Socorro Jurídico Humanitario. Informe de muertes bajo custodia, enero de 2026.
- Amnistía Internacional. Informe sobre el régimen de excepción en El Salvador, julio de 2026. amnesty.org
- InsightCrime. Mapa de las macrocárceles de América Latina. insightcrime.org
- BBC News Mundo. Análisis del traslado del modelo Bukele a Ecuador, julio de 2026.
- Lupa Media. Verificación del estado de los proyectos penitenciarios ecuatorianos, mayo de 2026. lupa.com.ec
- EFE, AFP, AP e Infobae. Seguimiento de la construcción del CACCO en Costa Rica y de las visitas oficiales al CECOT, 2025-2026.
