Ciento veintiún árboles en Guadalajara han generado recurso y firmas. Treinta y dos mil hectáreas quemadas en la misma provincia, no.
El árbol que tiene culpable
Alcalá de Henares, 26 de agosto de 2026
OPINIÓN. José I. Ibarra
En la cuesta del Matadero de Guadalajara hay árboles con una chapa roja colgada del tronco. Dice «Estoy en peligro» y lleva un código QR que abre una recogida de firmas. Son ciento veintiuno los señalados, y su tala forma parte de un proyecto municipal de más de diez millones de euros.
Sesenta kilómetros al norte, en la Sierra Norte de la misma provincia, ardieron este julio 32.100 hectáreas. Se quemó más del noventa por ciento de un parque natural. No hay una sola chapa roja en ningún tronco. No la hubo antes y no la hay ahora.
No escribo esto para reprochárselo a nadie. Lo escribo porque llevo un mes dándole vueltas y creo que la explicación no es la hipocresía, que es la respuesta fácil, sino algo bastante más incómodo.
Cuatro maneras de perder un árbol
Un árbol puede desaparecer de cuatro formas, y las tratamos de manera radicalmente distinta.
Puede arder en un incendio forestal. Puede caer en un temporal sobre una acera de nuestra ciudad. Puede desaparecer bajo una máquina para ganar tierra de cultivo. Y puede ser talado por un ayuntamiento dentro de una obra pública.
Solo la cuarta genera recursos, firmas y chapas rojas. Y es, con diferencia, la que menos árboles se lleva por delante.
La primera explicación que se le ocurre a uno es que dos de esas cuatro cosas son sucesos y dos son decisiones. Contra un rayo no cabe recurso; contra una licitación municipal, sí. Pedir cuentas a quien elige y no a quien le ocurre no es incoherencia: es la definición misma de responsabilidad. Un periódico tampoco cubre igual un accidente que una agresión, aunque el herido sea el mismo.
Esa explicación me convenció durante unos días. Hasta que me acordé de las parcelas.
Las parcelas que nadie desbroza
En mayo publicamos en este mismo canal un aviso que titulamos sin demasiada sutileza: si tu parcela arde, pagas tú. Recordábamos que los propietarios de terrenos del Corredor están obligados a desbrozar antes del 15 de junio, a mantener una franja perimetral limpia de al menos cinco metros y a retirar los restos. Con una lista de normas detrás que va desde la Ley de Montes hasta los artículos 351 a 358 del Código Penal.
No es una recomendación. Es una obligación legal con dientes. El ayuntamiento puede dictar una orden de ejecución, puede desbrozar él mismo y pasarle la factura al propietario, y puede imponer multas coercitivas hasta que se cumpla.
Existe la palanca. Y es más contundente que cualquier recurso administrativo.
Ahora dígame cuántas veces ha visto usted a un vecindario indignarse porque el solar de al lado lleva tres veranos con la hierba por la cintura. Cuántas firmas se han recogido por eso. Cuántas chapas rojas se han colgado de una valla.
Lo que suele ocurrir es lo contrario: cuando el fuego aprieta en algún sitio, los ayuntamientos sacan una tanda de notificaciones, se publica la nota de prensa, y ahí acaba casi siempre el asunto. Nadie comprueba después. Y mientras no pase nada, no pasa nada.
Lo que de verdad decide dónde nos indignamos
Así que la explicación no puede ser que actuemos donde hay mecanismo, porque en las parcelas lo hay y no actuamos.
La variable es otra, y es mucho más simple: nos indignamos donde hay un culpable con nombre y apellidos.
La alcaldesa de Guadalajara se llama Ana Guarinos. Se le puede escribir, se la puede interpelar en un pleno, se la puede etiquetar en una red social. Los cuatrocientos propietarios de parcelas sin desbrozar de una ciudad cualquiera no son nadie en particular; son una categoría administrativa. El rayo que prendió La Mierla no tiene cuenta de correo. El temporal tampoco.
La indignación pública necesita destinatario. Cuando no lo encuentra, se disuelve. Y el tamaño del daño, sencillamente, no entra en la ecuación.
La paradoja de la transparencia
De ahí sale la consecuencia que más me inquieta de todo esto.
De las cuatro talas, la más documentada y la mejor justificada es la única que ha acabado en un tribunal. El proyecto de Guadalajara tiene informes técnicos, planos de retirada de arbolado, un plan de reposición con cien ejemplares de dieciséis especies y un expediente público que cualquiera puede consultar. Precisamente por eso se puede recurrir. Precisamente por eso sabemos que son ciento veintiuno.
Las otras tres no tienen nada de eso. Nadie sabe cuántos árboles se llevó exactamente el temporal del invierno pasado en su barrio, ni cuántos desaparecieron el mes pasado en una linde. No hay planos ni expedientes. No hay nada que recurrir porque no hay nada escrito.
Se escruta lo transparente porque lo transparente es lo único escrutable. Es un incentivo perverso y conviene nombrarlo: al que publica los planos le llueven las críticas; al que no publica nada, no le llueve nada.
Lo que no estoy diciendo
No estoy diciendo que a AIKE le falte razón. Su recurso no discute si la rampa es fea: sostiene que la operación podría no cumplir las condiciones ambientales del fondo europeo que la financia y que faltan informes. Eso es verificable y lo resolverá un tribunal administrativo, no una columna.
Tampoco estoy diciendo que ciento veintiún árboles no importen. Importan, y por una razón que casi nunca se explica bien: un árbol urbano no está ahí por el planeta, está por la calle. No compite con un pinar en captura de carbono; baja cinco o seis grados una acera en julio. Y cien plantones no dan esa sombra hasta pasados quince o veinte años.
Lo que estoy diciendo es que la energía cívica de una provincia se ha volcado sobre ciento veintiún árboles del centro de la capital y ha pasado de largo ante treinta y dos mil hectáreas de su propia sierra. Y que si alguien quiere convencerme de que eso responde a un cálculo ambiental, tendrá que enseñarme las cuentas.
Las cuentas, por si sirven
Ciento veintiún árboles talados, cien plantados, diez millones cuatrocientos mil euros de intervención.
Treinta y dos mil cien hectáreas quemadas, treinta millones anunciados para recuperarlas, y décadas por delante.
Yo no sé qué conclusión sacar de esa comparación. Sé que nadie la está haciendo, y que cuando el 15 de junio del año que viene volvamos a publicar el aviso del desbroce, lo leerá exactamente la misma gente que lo leyó este año. Es decir, casi nadie.
Este es un artículo de opinión. Refleja el criterio de quien lo firma y no la posición editorial de Crónica del Henares.
Fuentes de los datos citados
- Chapas identificativas y recogida de firmas #GuadalajaraSePlanta impulsadas por el Grupo Municipal AIKE, y recurso presentado ante el Tribunal Administrativo Central del Ministerio de Hacienda contra la licitación del eje de Cardenal González de Mendoza, agosto de 2026.
- Cifras de arbolado del proyecto de Cardenal González de Mendoza y plan de reposición de un centenar de árboles de dieciséis especies, según el proyecto de ejecución y la nota del Ayuntamiento de Guadalajara de 19 de agosto de 2026. Nota: la cifra de talas varía según la fuente entre 111 y 121; aquí se usa la aportada por AIKE a partir de los planos.
- Incendio de La Mierla: unas 32.100 hectáreas y más del 90% del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara afectado, iniciado el 16 de julio de 2026. Plan de recuperación de al menos 30 millones anunciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara.
- Obligaciones de desbroce y régimen sancionador: Ley 43/2003 de Montes, Ley 21/2015, Real Decreto 893/2013, Plan INFOMA de la Comunidad de Madrid, Ley 3/2008 de Montes de Castilla-La Mancha y artículos 351 a 358 del Código Penal, recogidos en nuestra información del 26 de mayo de 2026, «Si tu parcela arde, pagas tú».
Advertencia de honestidad: la afirmación de que las notificaciones municipales de desbroce no suelen tener control posterior es una apreciación de quien firma, basada en la observación, y no en un dato verificado municipio a municipio.
