Más Madrid Alcalá rechaza la concentración por Ceuta y pide acogida y firmeza con Marruecos. Contrastamos sus datos y las competencias reales

Rosa Romero, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Más Madrid no acude a la concentración por Ceuta en Alcalá y abre un debate sobre qué puede hacer un ayuntamiento

Alcalá de Henares, 2 de septiembre de 2026

El Grupo Municipal Más Madrid Alcalá ha anunciado que no asistirá a la concentración de apoyo a Ceuta convocada este miércoles a las 20:00 en la Plaza de Cervantes, por considerarla "partidista y divisiva". En su comunicado reclama acogida efectiva, cumplimiento de la normativa de derechos humanos y un giro en la política exterior con Marruecos. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, defiende que la convocatoria parte de la FEMP y no de un partido.

La concentración de Alcalá es una de las más de 260 convocadas en España por la Federación Española de Municipios y Provincias, y ha dividido a los grupos municipales.
Buena parte de lo que se reclama a los ayuntamientos no es competencia municipal: ni la tutela de menores, ni el asilo, ni la política exterior.
Alcalá ya alberga uno de los mayores centros estatales de acogida, el CAED del acuartelamiento Primo de Rivera, cuyo cierre pidió el propio Ayuntamiento en 2025.

Qué dice el comunicado de Más Madrid Alcalá

El texto, difundido el Día de Ceuta, arranca con la cifra de fallecidos en la frontera y plantea qué necesita la ciudad autónoma para recuperar la normalidad. Sostiene tres tesis.

Primera: la solidaridad se mide en recursos, no en actos. Pregunta al PP, que gobierna Alcalá, cuánta ayuda humanitaria ha enviado a Ceuta y a cuántos menores en situación de vulnerabilidad va a acoger la ciudad. Define lo urgente como habilitar lugares donde las personas que siguen en la calle "puedan dormir, comer y estar en condiciones de salubridad" mientras se resuelven sus peticiones de asilo o su reunificación familiar.

Segunda: los derechos humanos no son negociables. Afirma que cumplir la normativa internacional y estatal de protección de la infancia "no es debatible", y alude a que menores migrantes han sufrido agresiones sexuales.

Tercera: firmeza con Marruecos. Describe la crisis como un "ataque híbrido" del Estado marroquí contra la soberanía española en Ceuta, sostiene que Mohamed VI utiliza la presión migratoria como chantaje y reprocha al PSOE haber "apaciguado". Pide recuperar la posición histórica de España sobre la autodeterminación del pueblo saharaui y desbloquear la reforma de la ley de nacionalidad.

Esta última petición choca con un marco internacional que se ha movido en dirección contraria, y el comunicado no lo menciona.

El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 2797 con 11 votos a favor y tres abstenciones (China, Rusia y Pakistán). Por primera vez, sitúa el plan de autonomía marroquí como base de la negociación y afirma que una autonomía bajo soberanía de Marruecos "podría constituir la solución más viable".

Conviene, sin embargo, leer el texto completo, porque no dice todo lo que se le atribuye en el debate público. La resolución no reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio; mantiene la exigencia de una solución "que contemple la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental"; y renueva hasta el 31 de octubre de 2026 el mandato de la MINURSO, que sigue siendo formalmente la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum. Dos semanas antes, el 16 de octubre, la Cuarta Comisión de la Asamblea General había aprobado una resolución con el lenguaje clásico sobre descolonización. El Sáhara Occidental continúa además en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonizar, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE mantiene que es un territorio "separado y distinto" cuyos recursos requieren el consentimiento de su población. Es una contradicción interna del propio sistema, señalada tanto por el Frente Polisario como por organizaciones saharauis de derechos humanos.

En cuanto a España, su posición cambió en marzo de 2022, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó por carta el plan de autonomía como "la base más seria, realista y creíble". Revertirlo sería una decisión soberana de política exterior, revisable como lo fue entonces, y no equivale a una ruptura de relaciones: Argelia o Sudáfrica sostienen la tesis contraria a Marruecos sin estar en conflicto abierto con Rabat.

Lo que sí está documentado es el coste de mover esa pieza, y que ese coste opera en las dos direcciones. En 2021, tras acoger España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico, Marruecos relajó el control fronterizo y unas 10.000 personas entraron en Ceuta en dos días; su embajadora estuvo retirada cerca de un año. En sentido inverso, el giro de 2022 provocó la ruptura comercial de Argelia con España. De ahí que el debate siga abierto: quienes defienden mantener la posición actual argumentan que la estabilidad de la frontera sur depende de la cooperación marroquí, mientras que quienes reclaman el giro sostienen que lo ocurrido el 30 y 31 de julio demuestra que esa estabilidad no quedó garantizada con el cambio de 2022. Esta pieza no resuelve esa discusión: constata que la reclamación de Más Madrid es hoy más difícil de articular que hace dos años, y que su viabilidad depende de una mayoría parlamentaria y de una decisión del Gobierno de España, no del Ayuntamiento de Alcalá.

Sobre la convocatoria de esta tarde, el grupo afirma que no está convocada por la FEMP sino que es "una decisión unilateral de su presidenta, del PP", y que no existe acta de la Junta de Portavoces que la respalde. Por eso no acudirá.

Contraste con lo verificable

La cifra de fallecidos

El comunicado da por "confirmadas" al menos 141 muertes. Ese número procede de la ONG Caminando Fronteras, que el 5 de agosto elevó a 141 su recuento tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio: 78 cuerpos recuperados en territorio español y 63 en el lado marroquí, estos últimos localizados por las familias en las morgues del norte de Marruecos.

Los datos oficiales son distintos. La Delegación del Gobierno en Ceuta informó de 75 cadáveres rescatados por la Guardia Civil, que el Instituto de Medicina Legal ceutí elevó a 79, y el balance del Gobierno español se situó en 77. Marruecos solo ha confirmado 11 fallecidos en su territorio. Las causas, según la ONG, fueron ahogamiento al cruzar a nado y aplastamiento en la frontera terrestre. Es la primera vez que en esa frontera se activó el protocolo de víctimas múltiples, el que se aplica en accidentes de tren o avión.

Conviene por tanto la fórmula precisa: 141 es la estimación de una organización con trabajo documentado sobre el terreno; el dato oficial español es de 77 a 79 muertos. La diferencia se explica sobre todo por los cuerpos del lado marroquí, donde no hay comunicados oficiales.

Quién convoca la concentración

Aquí el comunicado acierta en el fondo y falla en la forma. La FEMP sí publicó la convocatoria como propia: su presidenta, la alcaldesa de Jerez María José García-Pelayo (PP), la anunció el 25 de agosto durante una visita a Ceuta, y la federación la difundió en su web y a través de las federaciones territoriales.

Pero es igualmente cierto que la decisión no pasó por los órganos de gobierno de la federación. El 28 de agosto, el Grupo Socialista, Izquierda Unida-Compromís-Comuns-Podemos, ERC y Junts —es decir, todos los grupos de la FEMP salvo el PP— firmaron un comunicado conjunto reclamando que se rectificaran tres actuaciones: la convocatoria del 2 de septiembre, la celebración de la Junta de Gobierno de la FEMP en Ceuta y la cesión a Juan Vivas del puesto de la federación en el Comité Europeo de las Regiones. Sostienen que ninguna contó "con el respaldo ni la aprobación del resto de grupos políticos". El 29 de agosto, una circular interna del PSOE firmada por María Jesús Montero, Rebeca Torró y Juan Francisco Serrano pidió a sus cargos locales no secundar las concentraciones.

García-Pelayo lo ha negado: "No es una concentración contra nadie, sino a favor de Ceuta". Y la propia iniciativa ciudadana que respalda la FEMP pide expresamente "ni banderas de partido, ni siglas en las pancartas".

Un matiz local que el comunicado no menciona: Judith Piquet es, además de alcaldesa, presidenta de la Federación de Municipios de Madrid. El Ayuntamiento de Alcalá se sumó formalmente a la convocatoria de la FEMP, y a la concentración asiste este miércoles la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dentro del despliegue de dirigentes nacionales del partido por toda España. Ese doble plano —convocatoria institucional con presencia orgánica de un partido— es el que alimenta la discusión.

La sanidad en Ceuta

El comunicado sostiene que Sanidad ha contratado a 100 profesionales y que "no se ha perdido una sola cita ni una sola intervención programada". No hemos localizado publicada esa cifra de contrataciones ni ese balance asistencial en fuentes oficiales. Lo que sí consta: el Ministerio ejerce la competencia sanitaria directa en Ceuta a través del INGESA; el 1 de septiembre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifró en 104 las camas hospitalarias ocupadas, la mitad de las disponibles; y está en marcha una campaña de vacunación con 45.000 dosis disponibles. También consta que la gestión de INGESA durante la crisis ha sido cuestionada por la oposición.

Qué puede y qué no puede hacer un ayuntamiento

Aquí está el punto que ninguna de las dos partes explica a sus vecinos, y es el que determina si las propuestas son aplicables.

La tutela de menores migrantes no acompañados es competencia autonómica, no municipal. Cuando Más Madrid pregunta a cuántos niños va a acoger Alcalá, la respuesta técnica es que un ayuntamiento no puede acordar por sí mismo la acogida: le corresponde a la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. En la conferencia sectorial del 27 de agosto, presidida por la ministra Sira Rego, se aprobó una transferencia de 25 millones para atender a los menores en Ceuta, con el voto en contra o la ausencia de Aragón, Castilla y León y Extremadura —donde Vox gestiona Infancia— y el punto sobre el reparto se retiró del orden del día después de que la consejera madrileña Ana Dávila anunciara su oposición a debatirlo.

El asilo y la acogida de solicitantes son competencia estatal. Un ayuntamiento no tramita peticiones de protección internacional ni abre centros de acogida del sistema estatal.

La política exterior y la posición sobre el Sáhara Occidental son competencia del Gobierno de España. Un pleno municipal puede aprobar declaraciones institucionales, pero no vincula al Ejecutivo.

Lo que sí está en manos de un ayuntamiento es concreto y limitado: servicios sociales de atención primaria, ayudas de emergencia social, cesión de espacios municipales, convenios con entidades del tercer sector, aportaciones económicas a través de la partida de cooperación y declaraciones institucionales del pleno. Ese es el terreno donde la exigencia de Más Madrid es exigible, y donde también podría concretarse en una moción con cifras y partida presupuestaria en lugar de en una pregunta retórica. Del mismo modo, reclamar "seguridad y control fronterizo" desde un consistorio, como hace el PP local, tampoco corresponde a las competencias del Ayuntamiento de Alcalá.

Lo que ha hecho el Gobierno

El 1 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley con 309 millones para apoyar la economía, la seguridad, los servicios y la acogida en Ceuta, de los que 118 millones se destinan a alojamiento y atención básica a personas migrantes, con atención específica a los menores no acompañados. Se suma al Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de 2022.

Antes, el Gobierno había declarado la situación de interés para la Seguridad Nacional mediante el Real Decreto 705/2026, de 26 de agosto, que activó la disponibilidad de recursos, incluidas instalaciones militares. En el terreno: más de 3.400 plazas de acogida habilitadas y otras 3.000 en preparación; un CATE provisional en el polígono de El Tarajal con capacidad para 400 personas, con finalización prevista el 4 de septiembre; ocho nuevas líneas de trabajo policial para tramitar asilo; 109.600 kits de alimentación repartidos; 1.129 menores filiados tras las entradas del 30 y 31 de julio; y un protocolo con Save the Children.

El Gobierno también informó de que el reparto de comida no pudo realizarse el 26 de agosto porque los voluntarios de Cruz Roja se sintieron amenazados, y ha pedido que las manifestaciones se desarrollen de forma pacífica. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la colaboración con Marruecos, que califica de "sostenida y eficaz", una descripción que choca frontalmente con la tesis del "ataque híbrido" que sostiene Más Madrid.

Lo que proponen el PP y Vox, y sus límites

El PP exige devoluciones inmediatas, despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y control fronterizo, y ha vinculado la crisis a la regularización extraordinaria. Alberto Núñez Feijóo pidió además al Gobierno que estudiara decretar el confinamiento de Ceuta por riesgo sanitario. En Alcalá, el PP local reclama al Gobierno "proteger las fronteras, garantizar la seguridad y adoptar las medidas necesarias para recuperar la normalidad", y sostiene que la atención humanitaria es compatible con el control fronterizo.

Vox defiende deportaciones sin excepciones y ha abandonado gobiernos autonómicos por el traslado de menores migrantes a la península. Su portavocía ha llegado a plantear la "reemigración" de millones de personas de origen extranjero, una propuesta que va mucho más allá del marco legal vigente.

Dos límites verificables condicionan estas propuestas:

El Tribunal Supremo declaró ilegales el 8 de julio de 2026 las expulsiones inmediatas de migrantes que acceden a España, lo que impide aplicar las devoluciones en caliente que reclama parte de la oposición.
El plazo de la regularización extraordinaria cerró el 30 de junio y exigía haber entrado en España antes del 1 de enero de 2026 y residir aquí varios meses, de modo que quienes llegaron a Ceuta el 30 de julio no pueden acogerse a ella. Atribuirle un "efecto llamada" sobre esas entradas no se sostiene con las fechas, aunque el debate sobre efectos indirectos de señal siga abierto.

El punto ciego compartido

Las tres posiciones tienen un hueco práctico.

La de Más Madrid identifica bien la urgencia —alojamiento, alimentación y salubridad mientras se resuelven expedientes— pero la dirige a una institución sin competencias para resolverla, y su parte de política exterior depende de una mayoría parlamentaria que hoy no existe.

La del PP convoca a la calle en nombre del municipalismo mientras exige medidas que corresponden al Estado, y lo hace con una convocatoria que cuatro de los cinco grupos de la FEMP consideran no consensuada.

La de Vox propone medidas que chocan con la jurisprudencia del Supremo y con los compromisos internacionales de España en materia de asilo e infancia.

Y todas comparten un vacío: ninguna cifra pública explica todavía cuántas de las personas llegadas el 30 y 31 de julio permanecen en Ceuta, cuántas han retornado y cuántas han solicitado asilo, que es el dato del que depende cualquier plan realista de reparto o retorno.

Alcalá, ciudad de acogida por decisión estatal

Hay un elemento local que ambas partes usan y que conviene situar. Alcalá de Henares alberga desde finales de 2023 un Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) en el acuartelamiento Primo de Rivera, abierto por el Ministerio de Inclusión y gestionado por Accem, que arrancó con 264 personas y una capacidad prevista de hasta 1.134 plazas.

En septiembre de 2025 el Ayuntamiento reclamó su cierre alegando que estaba "sobredimensionado" y que habían pasado por él más de 10.000 personas; el Ministerio negó la sobreocupación y afirmó que contaba con un 30% de plazas libres. El PP local sostiene que el centro se instaló "sin información previa suficiente ni recursos" para su impacto en los servicios municipales.

De modo que a la pregunta de Más Madrid sobre cuántas personas acoge Alcalá, el dato objetivo es que la ciudad ya acoge a población migrante en un recurso estatal, y que el gobierno municipal ha pedido su cierre. Son dos hechos compatibles y ambos verificados.

Lo que no hemos podido verificar

La contratación de 100 profesionales sanitarios en Ceuta y el balance de citas e intervenciones sin pérdidas.
Si existe o no acta de la Junta de Portavoces de la FEMP sobre la convocatoria: lo que consta es el comunicado conjunto de cuatro grupos denunciando que no la hubo, y la posición de la presidenta, que defiende la iniciativa.
El estado exacto de tramitación de la reforma de la ley de nacionalidad a la que alude el comunicado.
Las referencias personales que incluye el texto sobre un empresario y exdiputado: no hemos verificado esas afirmaciones y por eso no las reproducimos.

En ninguno de estos casos afirmamos que los hechos no existan: decimos que no hemos encontrado fuente que los acredite.

Las concentraciones se celebran este miércoles a las 20:00 frente a los ayuntamientos, con lectura del manifiesto remitido desde Ceuta. En Alcalá, en la Plaza de Cervantes. Al día siguiente está previsto que el conflicto llegue al Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno debe dar cuenta de la gestión de la crisis. El 29 de septiembre, la Junta de Gobierno de la FEMP se celebrará en Ceuta. Y sigue pendiente el asunto que la conferencia sectorial retiró del orden del día: el reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas, sin el cual la ciudad autónoma no puede descongestionar sus recursos.

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Fuentes consultadas

Comunicado del Grupo Municipal Más Madrid Alcalá, Más Madrid Alcalá exige "solidaridad con Ceuta, DDHH y firmeza ante Mohamed VI", remitido a esta redacción el 2 de septiembre de 2026.
Nota de la FEMP de 25 de agosto de 2026 convocando las concentraciones del 2 de septiembre, y declaraciones posteriores de su presidenta, María José García-Pelayo.
Comunicado conjunto de los grupos Socialista, IU-Compromís-Comuns-Podemos, ERC y Junts en la FEMP (28 de agosto de 2026) y circular interna de la Secretaría de Política Municipal del PSOE de 29 de agosto de 2026, recogidos por medios nacionales.
Resumen del Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2026, con el real decreto-ley de apoyo a Ceuta y el balance de actuaciones presentado por el ministro Ángel Víctor Torres.
Real Decreto 705/2026, de 26 de agosto, de declaración de disponibilidad de recursos ante la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, y su modificación posterior.
Información de la conferencia sectorial de Infancia de 27 de agosto de 2026 (transferencia de 25 millones y retirada del punto sobre reparto de menores).
Balances de la ONG Caminando Fronteras de 5 de agosto de 2026 y datos de la Delegación del Gobierno en Ceuta y del Instituto de Medicina Legal, difundidos por EFE, Europa Press, Público y Cadena SER.
Notas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la apertura del CAED de Alcalá de Henares y respuesta ministerial a la petición de cierre formulada por el Ayuntamiento en septiembre de 2025.
Declaraciones de la alcaldesa Judith Piquet y del Grupo Municipal Popular de Alcalá recogidas por medios locales del Corredor del Henares, y anuncio de la asistencia de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.
Posiciones públicas del PP y de Vox sobre la crisis migratoria, incluidas las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el confinamiento sanitario y las de la portavocía de Vox sobre deportaciones.

Nota de transparencia: esta pieza recoge la posición de cada actor tal y como la ha formulado y contrasta los datos verificables, sin tomar partido por ninguna de ellas. Las afirmaciones no acreditadas se identifican expresamente como tales. La Crónica del Henares ofrece espacio a todos los grupos municipales que deseen precisar o ampliar su posición.