Supermercado público, alquileres un 40% más baratos y 650.000 pisos expropiados: analizamos qué permite la ley y qué no del plan de Podemos.

Infografía: las cinco medidas del plan económico de Podemos, la norma que exige cada una y su viabilidad.

El alquiler medio cerró junio de 2026 en 15,3 euros el metro cuadrado: un recorte del 40% dejaría el piso tipo de 80 metros en 734 euros. El Constitucional ya anuló en 2015 un decreto ley que tocaba la propiedad de la vivienda. | Infografía: La Crónica del Henares.

Bajar el alquiler un 40% y expropiar 650.000 pisos: qué permite la Constitución

Madrid, 13 de septiembre de 2026

Podemos lleva esta semana al Congreso cinco medidas contra la carestía: supermercado público, recorte del 40% en los alquileres y expropiación del uso de 650.000 viviendas. No es una ley ni obliga al Gobierno. Repasamos qué haría falta para aplicar cada una.

Lo que se vota es una moción, no una ley: un mandato político sin fuerza jurídica, presentado por un partido con 4 de los 350 escaños.
La medida estrella choca con el instrumento elegido: el Tribunal Constitucional ya anuló en 2015 un decreto ley que tocaba la propiedad de la vivienda. Por ley ordinaria, en cambio, el propio Tribunal avaló en 2025 los topes al alquiler.
El precedente más reciente es demoledor: hace cinco meses el Congreso tumbó un decreto que se limitaba a topar en el 2% la subida anual de las rentas.

Qué es exactamente lo que se vota

La iniciativa es una moción consecuencia de interpelación urgente. Funciona así: un grupo interpela al Gobierno en el Pleno y, en la sesión siguiente, puede presentar una moción que resuma lo que pide. Si se aprueba, el Congreso "insta al Gobierno" a hacer algo.

Esa es toda su fuerza. Una moción aprobada no cambia ni una coma del ordenamiento jurídico y el Ejecutivo no está obligado a cumplirla. Sirve para retratar posiciones, fijar agenda y obligar a los demás grupos a votar sí o no ante las cámaras.

El antecedente es del miércoles 9 de septiembre, cuando Ione Belarra, secretaria general de Podemos y diputada del Grupo Mixto, interpeló a Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, por el encarecimiento de la vida. Cuerpo respondió que las ayudas anticrisis han contenido un 60% la inflación y recordó los dos choques energéticos recientes: la guerra de Ucrania en 2022 y la crisis de Oriente Medio en 2026.

El detonante estadístico es el IPC de agosto: 4,3% interanual, siete décimas más que en julio y el nivel más alto desde febrero de 2023, según el avance del INE. El INE atribuye el repunte sobre todo a los carburantes, y en menor medida a los alimentos. La inflación subyacente, en cambio, bajó una décima, hasta el 2,9%.

Ese matiz importa para juzgar el plan: el problema de agosto no fue el alquiler ni el margen de los supermercados, sino la gasolina.

Medida 1. Un supermercado público

Qué pide. Crear una empresa pública de distribución que garantice alimentos básicos a precios asequibles e introduzca "competencia pública" en el sector.

Qué dice la Constitución. Aquí no hay problema. El artículo 128.2 CE reconoce expresamente la iniciativa pública en la actividad económica. El Estado puede crear una empresa de distribución igual que tiene una de vivienda, una de radiotelevisión o una de correos. No hace falta ni expropiar ni cambiar la Constitución: basta una decisión de gasto y una sociedad estatal.

Dónde está el problema. En la eficacia y en los plazos. El modelo que cita Podemos es el de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, que anunció en abril la primera ubicación —el mercado de La Marqueta, en East Harlem— y en julio detalló el esquema: cinco tiendas, una por distrito, con una cesta básica un 30% más barata y un ahorro estimado de más de 1.000 dólares anuales por hogar.

La letra pequeña de ese modelo es la que conviene leer: el descuento no sale de un margen recortado, sino de una subvención municipal. La ciudad pone dinero para que los precios bajen, y los operadores serán privados, seleccionados por concurso. Además, las tiendas no abren hasta 2027 y el plan acumula ya tres demandas judiciales de asociaciones de comerciantes por competencia desleal.

Traducido: un supermercado público es legal y factible, pero es una política de subvención al consumo disfrazada de tienda, y tarda años en existir.

Medida 2. Topar los márgenes de la distribución

Qué pide. Limitar el beneficio de las grandes distribuidoras en productos básicos.

Qué dice la Constitución. El artículo 38 reconoce la libertad de empresa, pero "en el marco de la economía de mercado" y con posibilidad de planificación estatal. Fijar precios máximos o márgenes máximos por ley no es inconstitucional en sí: España ya lo hizo con las mascarillas en 2020 y con el gas en 2022.

Dónde está el problema. En la aritmética. La distribución alimentaria trabaja con márgenes netos muy estrechos: la patronal ANGED sitúa el de las grandes cadenas en torno al 2,5% sobre ventas. El caso extremo del sector es Mercadona, que en 2025 declaró un beneficio neto de 1.729 millones sobre 41.858 millones de facturación y presumió de haber alcanzado su récord histórico: un 4,5% de margen sobre ventas netas, una cifra que la gran distribución europea rara vez cruza.

Si un supermercado gana 4,5 céntimos por cada euro que pasa por caja y le obligas a ganar 2, el precio puede bajar como mucho 2,5 céntimos. Frente a una inflación del 4,3%, el margen de maniobra existe, pero es pequeño. El precio de los alimentos se forma sobre todo antes de la caja: en el campo, la industria, la energía y el transporte.

Medida 3. Bajar los alquileres un 40% por decreto ley

Es la medida más ambiciosa y la que tiene el punto débil más claro. No por lo que propone, sino por cómo propone hacerlo.

Qué supondría en la práctica. El alquiler medio en España cerró junio de 2026 en 15,3 euros por metro cuadrado, máximo histórico de la serie de idealista. Para un piso tipo de 80 metros son 1.224 euros al mes. Un recorte del 40% lo dejaría en 734 euros: casi 5.900 euros menos al año. En Madrid capital (23,7 €/m²) la renta pasaría de 1.896 a 1.138 euros.

El problema del instrumento. El artículo 86.1 de la Constitución prohíbe que un decreto ley "afecte" a los derechos y deberes del Título I. Y el derecho de propiedad, en el artículo 33, está dentro de ese Título.

Esto no es una interpretación doctrinal: es jurisprudencia aplicada. En la STC 93/2015, el Tribunal Constitucional anuló preceptos de un decreto ley andaluz precisamente porque, al definir deberes que formaban parte del contenido esencial de la propiedad de la vivienda, excedía los límites materiales de una norma de urgencia. Un decreto ley que recortase un 40% todas las rentas tocaría el núcleo del derecho de propiedad con mucha más intensidad que aquel.

El contraste con la ley ordinaria. Aquí está lo interesante, y es lo contrario de lo que suele contarse. Por ley ordinaria, topar alquileres sí es constitucional. La STC 26/2025, de 29 de enero, examinó el artículo 17.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos —el tope de renta para grandes tenedores en zonas tensionadas introducido por la Ley 12/2023— desde la perspectiva del derecho de propiedad y no lo anuló: solo declaró nulos dos requisitos procesales de admisión de demandas. En mayo de 2026 el Tribunal respaldó de nuevo la ley, ya en su quinta sentencia sobre la norma.

Antes había ocurrido lo contrario con Cataluña: las SSTC 37/2022 y 57/2022 tumbaron la contención de rentas catalana, pero por competencia, no por contenido. El Tribunal reservó al legislador estatal la facultad de regular la libertad de fijar la renta inicial "y sus posibles excepciones o modulaciones".

El límite sustantivo. Que se pueda no significa que todo valga. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió rebajas de renta impuestas por el Estado con fines sociales en el caso Mellacher c. Austria (1989), pero condenó a Polonia en Hutten-Czapska (2006) porque el sistema de rentas impedía al propietario cubrir los costes de mantenimiento. La frontera es esa: la proporcionalidad y el equilibrio, no la prohibición. Un recorte lineal del 40% aplicado de golpe, y más si alcanzase a contratos ya firmados, tendría que superar ese examen.

Y el efecto sobre la inflación sería menor de lo que parece. El alquiler pesa solo un 3,6% en la cesta del IPC. Aunque el recorte se aplicase a todos los contratos, restaría en torno a 1,4 puntos al índice una sola vez, como un escalón: al año siguiente la tasa de inflación volvería a depender del resto de la cesta.

Medida 4. Expropiar el uso de 650.000 viviendas

Qué pide. Expropiar el uso —no la propiedad— de 650.000 viviendas en manos de grandes propietarios, e incorporarlas al parque público. La moción añade la expropiación del uso de las viviendas turísticas ilegales.

De dónde sale la cifra. El 8 de septiembre, Belarra la desglosó públicamente: 350.000 viviendas en manos de fondos, bancos y socimis, más las de propietarios con más de diez inmuebles, hasta 626.000. La moción, cinco días después, habla de 650.000. No hemos localizado el documento que explique el salto de 24.000 viviendas entre una cifra y otra.

Qué dice la Constitución. El artículo 33.3 permite la expropiación, pero con tres condiciones acumulativas: causa justificada de utilidad pública o interés social, la correspondiente indemnización, y conformidad con las leyes. La expropiación del uso —un usufructo temporal forzoso— es una figura conocida y utilizada por varias comunidades.

Por qué fracasaron los intentos anteriores. Andalucía (STC 93/2015), Navarra (STC 16/2018) y el País Vasco (STC 97/2018) vieron anuladas sus expropiaciones de uso, pero conviene entender el motivo: el Tribunal las tumbó por invadir competencias del Estado, no por considerar la figura contraria a la propiedad. Es decir, el obstáculo que mató las leyes autonómicas no se aplicaría a una ley estatal. En eso, la propuesta de Podemos es más sólida jurídicamente que sus precedentes.

Dónde está el problema de verdad. En la factura y en la escala.

Si el justiprecio del uso se pagara a un valor equivalente a una renta de mercado de entre 600 y 1.000 euros mensuales, expropiar 650.000 viviendas costaría entre 4.700 y 7.800 millones de euros al año mientras durase la expropiación. Es un cálculo propio de orden de magnitud, no una estimación oficial: el importe real dependería del criterio de valoración que fijase la ley, y ahí está justamente la batalla jurídica.

En cuanto a la escala: España tiene hoy alrededor de 318.000 viviendas de titularidad pública en alquiler social, y el parque social ronda el 3,3% del total frente al 8% de media europea. Sumar 650.000 viviendas multiplicaría por tres el parque público de golpe, sin que exista hoy administración capaz de gestionarlo. Para dimensionarlo: la empresa pública Casa 47 estrenó su portal este mes con 800 viviendas, y otras 1.500 previstas.

Medida 5. Material escolar gratuito

La parte menos conflictiva del paquete. Podemos pide un plan estatal de gratuidad y reutilización de libros y material escolar para todo el alumnado, con independencia de la renta familiar y de la comunidad de residencia, mediante préstamo, intercambio y bancos públicos de material en los centros. Añade acceso universal a materiales pedagógicos y medidas de conciliación al inicio de curso.

No hay aquí ningún problema constitucional. Hay uno competencial y uno presupuestario: la gestión educativa es autonómica, y un plan estatal uniforme exige dinero y acuerdo con los gobiernos regionales.

El obstáculo que ninguna medida esquiva: los votos

Por encima del análisis jurídico hay un dato que decide el resultado antes del debate. Podemos tiene cuatro diputados —Ione Belarra, Javier Sánchez Serna, Martina Velarde y Noemí Santana— dentro del Grupo Mixto.

Y existe un precedente reciente y muy concreto. El Real Decreto-ley 8/2026, aprobado en marzo, contenía dos medidas mucho más modestas: prórroga extraordinaria de contratos y un tope del 2% a la actualización anual de la renta. El 28 de abril el Pleno rechazó convalidarlo por 177 votos contra 166, con PP, Vox, Junts y UPN en contra y la abstención del PNV. El decreto duró cinco semanas.

Si el Congreso tumbó un tope del 2%, la probabilidad de que respalde un recorte del 40% y una expropiación masiva es, en la práctica, nula.

Cómo leer esto sin perderse

Moción: el Congreso pide algo al Gobierno. No es norma y no obliga.
Decreto ley: norma del Gobierno con fuerza de ley, para casos de "extraordinaria y urgente necesidad". El Congreso debe convalidarla en 30 días. No puede afectar a los derechos del Título I de la Constitución, y la propiedad es uno de ellos.
Ley ordinaria: la aprueban las Cortes. Es la vía que sí permite regular la propiedad, dentro de límites de proporcionalidad.
Expropiación del uso: la Administración no se queda la vivienda; se queda el derecho a usarla durante un plazo, y paga por ello.
Justiprecio: lo que la Administración debe pagar al expropiado. Es obligatorio, no opcional.
Gran tenedor: en la Ley 12/2023, quien posee diez o más viviendas (o más de 1.500 m² de uso residencial); en zonas tensionadas declaradas, el umbral puede bajar a cinco.

Qué sigue ahora

Martes 15 de septiembre: el INE publica el dato definitivo del IPC de agosto, con el desglose por productos. Ahí se verá cuánto pesaron realmente los alimentos frente a los carburantes.
Esta misma semana: debate y votación de la moción en el Pleno del Congreso. Al cierre de esta edición, el orden del día no estaba publicado en la web de la Cámara.
A medio plazo: la vivienda sigue siendo la moneda de cambio de Podemos para los Presupuestos Generales del Estado, un debate todavía sin fecha.

Más en La Crónica del Henares: Vivienda | Economía | Actualidad

Fuentes consultadas

El anuncio y su contexto parlamentario

Texto de la moción, según la información de Europa Press difundida el 13 de septiembre de 2026 (Infobae, Forbes España y Pressdigital). El documento íntegro no está publicado en la web del Congreso a esta hora.
Congreso de los Diputados, agenda de la semana del 14 al 20 de septiembre de 2026: https://www.congreso.es/es/agenda
Crónica de la interpelación de Ione Belarra a Carlos Cuerpo, 9 de septiembre de 2026 (Forbes España / Pressdigital).
Declaraciones de Ione Belarra sobre Casa 47 y las 626.000 viviendas, 8 de septiembre de 2026 (Pressdigital, The Objective, Libertad Digital).

Datos económicos

INE, indicador adelantado del IPC de agosto de 2026 (28 de agosto de 2026): https://www.ine.es/dyngs/Prensa/adIPC0826.htm
Ponderación del alquiler en el IPC (3,6%), a partir del informe de CGT sobre el IPC de los hogares inquilinos (2026).
idealista, informe de precios del alquiler de junio y julio de 2026.
Mercadona, resultados de 2025: https://info.mercadona.es/es/actualidad/mercadona-factura-41858-millones-un-8-mas-y-alcanza-un-beneficio-neto-de-1729-millones-de-euros/news
Margen neto de la gran distribución según ANGED.
Parque público de vivienda: Observatorio de la Vivienda Asequible (Provivienda) y Cátedra de Vivienda de la UPF.

Normativa y jurisprudencia

Constitución española, artículos 33, 38, 86 y 128.
STC 93/2015, de 14 de mayo: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6831
STC 16/2018, de 22 de febrero: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-4148
STC 97/2018, de 19 de septiembre: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13995
STC 37/2022, de 10 de marzo: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5807
STC 26/2025, de 29 de enero: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2025-4079
TEDH, Mellacher y otros c. Austria (1989) y Hutten-Czapska c. Polonia (2006).
Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-6545, y acuerdo de no convalidación del Congreso de 28 de abril de 2026.

Modelo de Nueva York

Anuncios del alcalde Zohran Mamdani de abril y julio de 2026, y demandas presentadas por asociaciones de comerciantes en septiembre de 2026 (EFE, Público, El Ciudadano).

Los cálculos sobre el coste del justiprecio y el efecto del recorte de alquileres en el IPC son estimaciones propias de orden de magnitud, con los supuestos explicitados en el texto.