Análisis de las seis reivindicaciones de la huelga del 14 de octubre: cuánto costarían, cuáles ya llegan por ley y cuáles no se sostienen.
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| Los 600 euros mensuales que reclama el comité costarían entre 496 y 579 millones al año, y las 17 y 22 horas lectivas otros 425 millones: más del 25 % del gasto regional en la escuela pública. | Infografía: La Crónica del Henares, con datos de la Comunidad. |
La huelga de octubre en Madrid: lo que la tabla docente pide de más y lo que la Comunidad debe de menos
Madrid, 3 de septiembre de 2026
Hay un dato que resume el estado del conflicto educativo madrileño mejor que ninguna declaración: a seis semanas de una huelga indefinida, ninguna de las dos partes ha puesto un número encima de la mesa. El Comité de Huelga ha registrado una tabla de seis bloques sin cifrar lo que cuesta. La Consejería la rechaza sin explicar por qué no cabe en el presupuesto. Se discute a ciegas sobre dinero público, que es la única forma segura de no llegar a un acuerdo.
- Buena parte de lo que se reclama llegará por ley estatal en 2030, con o sin huelga, y la Comunidad tendrá que adaptarse.
- La tabla completa costaría más de 1.000 millones al año, según el cálculo que se expone más abajo. Sus bloques por separado, no todos.
- El bloque más barato y mejor fundamentado —atención a la diversidad y Educación Especial— es el que menos aparece en los resúmenes de una y otra parte.
El marco que casi nadie está citando
En abril de este año, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto que fija máximos de 23 horas lectivas en Infantil y Primaria, 18 en el resto de enseñanzas y ratios de 22 alumnos en Primaria y 25 en la ESO, con aplicación plena en el curso 2030-31. Ese texto reordena el debate madrileño de arriba abajo.
La Comunidad ya cumple o supera el futuro mínimo estatal en ratio de ESO —25 desde este curso— y en Infantil, y va por delante en 1.º y 2.º de Primaria, donde tiene 20 frente a los 22 que exigirá la ley. Incumple, en cambio, en horario: 19 horas lectivas en Secundaria frente a las 18 de la norma, y 25 en el cuerpo de maestros frente a las 23 que se fijarán.
Y la tabla del comité va sistemáticamente por delante de la ley: pide 17 donde la norma dirá 18, 22 donde dirá 23, 15 alumnos en Primaria donde dirá 22. Conviene decirlo con precisión porque se repite lo contrario: reclamar 22 horas lectivas en Primaria no es "revertir los recortes de 2012". Antes de 2012 la referencia también eran 25. Es una reivindicación nueva, legítima como aspiración, pero nueva.
Lo que cuesta, ya que nadie lo dice
La propia Comunidad ofrece la unidad de medida. Valoró la incorporación de 1.280 docentes en 65 millones y la de 673 en 32,3 millones: entre 48.000 y 51.000 euros por docente y año, todo incluido. Con esa vara se puede estimar la tabla:
- Los 600 euros mensuales de complemento autonómico: entre 496 y 579 millones al año para 68.899 docentes, según se paguen en doce o en catorce pagas. Es el 14-17 % de todo el gasto en enseñanza pública no universitaria de la región y el 1,6-1,9 % del presupuesto autonómico completo.
- Las 17 y 22 horas lectivas: bajar de 19 a 17 exige un 11,8 % más de plantilla; de 25 a 22 en Primaria, un 13,6 %. Son entre 8.000 y 9.400 docentes, unos 425 millones anuales. Y eso sin computar dentro del tope las jefaturas y tutorías, que es lo que realmente pide el documento y que dispara la cifra.
- Las ratios de 13, 15 y 20: aquí el problema no es la nómina, son los metros cuadrados. Supone del orden de un 40-60 % más de grupos en Primaria. No hay aulas, y construirlas llevaría una década. Es, además, el bloque que convive con la exigencia de acabar con la construcción por fases.
Suma gruesa: por encima de los 1.000 millones anuales recurrentes, un tercio del presupuesto actual de la pública no universitaria, más una inversión en obra de varios miles de millones. Estos números son una estimación de esta redacción, no una cifra oficial de nadie, y por eso se explican los supuestos: para que cualquiera pueda rehacerlos y discutirlos.
De modo que la respuesta a si la tabla es sostenible tiene dos partes. La tabla entera, no. Ningún gobierno de ningún color la aplicaría de golpe. Sus bloques por separado, algunos sí: los 600 euros caben en un presupuesto de 30.663 millones si se decide que son prioritarios. Que quepan no significa que sean lo primero; significa que la discusión es de prioridad política, no de imposibilidad aritmética.
Y hay un contrapeso que la Consejería no puede despachar: Madrid gasta 5.313 euros por alumno frente a los 6.439 de media estatal, según el análisis presupuestario de CCOO. Cuando una comunidad está por debajo de la media española en esfuerzo educativo y por encima en renta, el argumento de que no hay dinero deja de ser técnico y pasa a ser una elección.
Qué pediría un observador que solo mirase el impacto en el aula
Si se ordenan los seis bloques por relación entre coste y efecto demostrable sobre el aprendizaje, el orden que sale no es el que dominan los titulares.
Arriba, la atención a la diversidad y la Educación Especial. Un orientador por cada 250 alumnos, ratios acotadas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, un profesional por cada seis alumnos con discapacidad intelectual. Son medidas comparativamente baratas, se concentran en quien más lo necesita y la evidencia sobre su efecto es sólida. Es también el bloque que apenas se cita, y no deja de ser revelador que sea el que aporta un colectivo pequeño, Educación Especial Digna, y no las grandes siglas.
Arriba también, la desburocratización. Que un docente dedique horas a tareas administrativas es una asignación ineficiente de un profesional caro: un administrativo por centro cuesta menos que las horas de clase que libera. Y el plan para bajar la interinidad por debajo del 8 % no es siquiera una aspiración sindical, sino una obligación derivada de la normativa española y europea contra el abuso de temporalidad, con efecto pedagógico documentado: la rotación de plantillas perjudica al alumnado.
Abajo, paradójicamente, la bajada de ratios, que es la reivindicación más popular y la de evidencia más floja. La investigación disponible, desde el experimento Tennessee STAR hasta los metaanálisis posteriores, encuentra efectos apreciables solo en los primeros cursos, con reducciones muy grandes y sobre alumnado desfavorecido. En Secundaria el efecto es pequeño y carísimo por punto de mejora. La calidad del docente pesa más que el tamaño del grupo. Pedir 15 alumnos en Primaria se sostiene como horizonte; se sostiene mal como prioridad de gasto frente a las alternativas.
Y la pregunta incómoda: ¿hay búsqueda de comodidad?
Conviene formularla, porque está en la conversación de cualquier bar y merece una respuesta razonada en lugar de un reflejo.
Lo que alimenta esa sospecha. El bloque central pide reducir tiempo de clase sin tocar la jornada total de 37,5 horas: cambia la composición interna a favor de las horas no lectivas, que son precisamente la parte menos verificable del trabajo docente. Pide, además, por debajo de lo que exigirá la ley. Y contiene peticiones difíciles de justificar en clave de calidad y fáciles en clave de conveniencia: que el cupo del centro cuente a todos los mayores de 55 años como si fueran a pedir reducción aunque no la pidan, la eliminación de los procesos de evaluación del personal o un complemento de peligrosidad.
Lo que la desmiente. La mayor parte de la tabla no mejora la comodidad de nadie: amianto, climatización, radón, accesibilidad, aulas de enlace, ratios de Educación Especial. Varios de esos puntos aumentan el trabajo del docente en lugar de reducirlo. El bloque burocrático pide más personal para hacer las tareas, no dejar de hacerlas. Y el "17" no es lo que parece: al computar dentro las jefaturas y tutorías, buena parte de la reducción no es tiempo libre, es reconocimiento de trabajo que ya se hace sin contabilizar. Añádase que una huelga indefinida se hace perdiendo el salario íntegro de cada día, sobre un colectivo con alta interinidad. Es un método caro de buscar comodidad.
Falta el dato que zanjaría la discusión: cuántas de las horas no lectivas actuales se dedican efectivamente a coordinación, corrección y atención a familias. Nadie lo ha medido. Lo llamativo es que la propia tabla lo pide, en forma de auditoría de funciones y relación de puestos de trabajo. Sería el mejor punto de partida de una negociación: si el profesorado está dispuesto a que se audite su carga real, la Administración no tiene excusa para negarse, y viceversa.
La conclusión razonable es que en esta tabla hay las dos cosas mezcladas: un núcleo de reivindicaciones de calidad educativa bien fundamentado y un perímetro de peticiones de conveniencia profesional que el comité no distingue del núcleo, porque negocia como bloque. La Administración, por su parte, contesta con cifras de plantilla a preguntas que no eran sobre plantilla.
Qué debería pasar antes del 14 de octubre
Un acuerdo razonable existe y se puede describir: cumplir ya el horario que la ley estatal va a imponer —18 y 23 horas— en lugar de esperar a 2030; atender completo el bloque de atención a la diversidad y Educación Especial, que es barato y es el que más impacto tiene; calendarizar por escrito la desburocratización y la retirada del amianto; y abrir la negociación salarial con una cifra, la que sea, en vez de con un portazo.
Nada de eso desconvoca la huelga por sí solo, porque la decisión está sometida a consulta vinculante de las bases. Pero cambiaría la naturaleza del conflicto. Lo que no es defendible, a estas alturas del calendario, es que las dos partes sigan discutiendo de dinero sin decir cuánto. El 14 de octubre, si nadie mueve ficha, no lo pagarán ni el comité ni la Consejería: lo pagarán las familias del Corredor que ya empiezan el curso con 43 aulas y 77 docentes menos.
Fuentes consultadas
- Tabla reivindicativa docentes para la huelga indefinida del 14 de octubre (PDF, seis páginas): https://feccoo-madrid.org/67a0d58f5ccde426f0fc210459b7c00c000063.pdf
- Carta del Comité de Huelga a la consejera de Educación (PDF): https://feccoo-madrid.org/74599ef9b8dc0259e7f9c77fef218542000063.pdf
- Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, datos del curso 2026/27, 2 de septiembre de 2026: https://www.comunidad.madrid/noticias/2026/09/02/comunidad-madrid-comienza-curso-escolar-202627-record-nuevos-docentes-inversion-becas-ayudas
- Comunidad de Madrid, coste de la incorporación de 1.280 docentes (65 millones), 27 de mayo de 2026: https://www.comunidad.madrid/noticias/2026/05/27/comunidad-madrid-incorporara-1280-nuevos-docentes-colegios-e-institutos-publicos-proximo-curso-202627
- La Moncloa, anteproyecto de ley de ratios y jornada lectiva, Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 2025: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/paginas/2025/111125-rueda-de-prensa-ministros.aspx
- elDiario.es, aprobación del proyecto de ley y calendario hasta 2030-31, abril de 2026: https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-da-primer-paso-estatuto-docente-aprobada-reduccion-horas-lectivas-alumnado-clase_1_13159253.html
- Nueva Tribuna, análisis de CCOO sobre gasto educativo por alumno y porcentaje de PIB: https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/gasto-publico-madrid-sigue-estando-muy-debajo-media-resto-ccaa/20241215121728233400.html
- Reparto del gasto entre red pública y concertada en el presupuesto de 2026, análisis de CECE Madrid: https://www.cecemadrid.es/post/la-comunidad-de-madrid-destina-un-40-mas-por-alumno-a-la-educacion-publica-que-a-la-concertada
- UGT, informe comparado de horario y ratios del profesorado por comunidades: https://ugt-sp.es/images/PDF/ensenanza/Estudios%20e%20Informes/horas-secundaria-publica.pdf
- MiraCorredor.tv, supresión de 43 aulas y 77 docentes en el Área Territorial Este, 12 de marzo de 2026: https://www.miracorredor.tv/articulo/alcala-de-henares/ccoo-denuncia-cierre-197-aulas-publicas-madrid-43-menos-zona-henares/20260312103514101773.html
Las estimaciones de coste de los 600 euros y de la reducción de horario son cálculo propio a partir de la unidad de coste por docente publicada por la Comunidad de Madrid. No proceden de ninguna de las partes en conflicto.
